Un nuevo incremento de precios registraron las bencinas esta semana y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ha señalado que el aumento obedece a las alzas que ha tenido el producto en la Costa del Golfo de EE.UU., que se utiliza como referencia.

Con ello, se han acumulado subidas promedio de 40 pesos por litro en las últimas cuatro semanas. Las gasolinas no han dado tregua durante este verano, lo que hace prever que en los próximos días, sobre todo con el inicio de las actividades de marzo, habrá mayor presión para reajustar las tarifas del transporte de pasajeros y de carga.

Chile importa cerca del 95% del combustible que consume y Enap fija semanalmente un rango de precios, tomando en cuenta factores como su valor en el exterior y las oscilaciones del dólar. Pero resulta claro que lo que pagan los conductores resulta desmedido.

La cuestión de fondo es que alrededor de la mitad del precio de las gasolinas corresponde a impuestos, donde una fuerte incidencia la tiene el tributo específico, que nació en 1985, con carácter temporal, cuando el gobierno de la época requería recursos para que el Estado renovara las carreteras y los puentes que fueron destruidos por un terremoto en la zona central. Como suele suceder en el tema tributario, esos impuestos quedan después como definitivos.

Las coaliciones políticas que han aspirado al gobierno suelen reclamar contra ese tributo, recalcando que el vehículo dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. Sin embargo, al llegar al gobierno olvidan sus promesas y una vez en el poder se resisten a renunciar a la recaudación tributaria, porque es rentable castigar a la clase media, que no se organiza ni sale a protestar.

Los paliativos que se han adoptado como mecanismos de estabilización de precios han resultado insuficientes, porque no resuelven el problema de fondo, que es la fuerte carga de impuestos específicos. Desde hace décadas, de hecho, se ha planteado que este tributo sea eliminado, lo cual no ha tenido respuesta.

Este es un problema que requiere de una solución definitiva ahora y no de paliativos momentáneos.

Así como se avanza en áreas protegidas en el sector marino, del mismo modo se hace necesario completar los sitios prioritarios para la biodiversidad que carecen de protección legal en la zona comprendida entre Arica y Puerto Montt. Nuestros compromisos en la diversidad biológica no están cumplidos. Algo similar ocurre en los otros países de la Convención que han destacado los problemas y fracasos. De hecho se ha planteado dejar de publicar en español los informes de protección de humedales por incumplimiento de los acuerdos de Ramsar.

Un rol cada vez más relevante están cumpliendo las áreas privadas que se destinan a conservación. La Asociación de Iniciativas de Conservación de áreas privadas de pueblos originarios de Chile, denominada Así Conserva Chile, señala que a octubre del 2010, tenían 38 socios fundadores, tenían 22 áreas privadas protegidas con 200 mil hàs, éstas se han acrecentado a 50 con 35 áreas que llegan a 594 mil hás. y plantean como desafío tener más de 300 iniciativas que incluyen a los pueblos originarios, llegando hasta 1.600.000 mil hás. en Chile, que representan el 10% del total de las áreas de conservación del Estado.

Para que estas iniciativas prosperen se requiere dar por Ley el Derecho Real de Conservación, es decir asignarle a la propiedad esta característica,para que permanezca en el tiempo independiente de las ventas y herencias. El valor creciente que adquieren estos terrenos y las áreas aledañas, hacen que esta condición se constituya en un atributo y no en un gravamen y si coinciden con las áreas prioritarias para la biodiversidad, resulta conveniente el que el Estado, de garantías y estímulos.

Dada las facilidades de intercambio y compra de propiedades en nuestro país, esta iniciativa requiere de un justo equilibrio para que la conservación garantice la biodiversidad y el estimulo a otros proyectos que se hagan en su entorno y balanceados, respecto a los proyectos productivos, agrícolas, ganaderos, forestales e inmobiliarios.

Por ejemplo, en el reciente Acuerdo firmado por el Gobierno, para el Parque Yendegaia, en el cual se comprometen 110 mil hás fiscales, para sumarlas con 34 mil de la Fundación, se deben garantizar las franjas para los servicios de utilidad pública como: caminos, aeropuertos y puertos, el espacio para nuevos poblados y ciudades, así como áreas en las cuales existan compatibilidades de proyectos turísticos, de servicios y productivos. Esto debe ser esencialmente participativo y de acuerdo a un ordenamiento territorial. El legislar en materia del Derecho Real de Conservación, adquiere entonces una especial importancia.

Senador Región de Aysén.

La instalación de un ramal ferroviario que llegue hasta la caleta de Angelmó, no se encuentra incluido en los planes de obras inmediatos, según lo manifestado por el ministro de Obras Públicas, don Ernesto Pinto Lagarrigue, en comunicación dirigida al senador por esta zona don Julio von Muhelenbrok Lira.

El pintor puertomontino Santiago Panichini partió hace diez años de su ciudad natal hacia Santiago y hace 4 años vive y estudia en Montreal, Canadá. Desde hace algunos días está en Puerto Montt visitando a familiares y amigos. Ahora planea llevar a cabo en este puerto una exposición con cuadros de temática sureña.

En la caleta de Angelmó están solicitando urgentes adelantos vinculadas con mejor servicio y atención de los turistas. Los locatarios denuncian abandono de las autoridades, problemas de higiene e inundaciones. Y el municipio tiene en carpeta proyectos de mejoramiento, uno de ellos convertir desechos en biodiesel.