El tema de moda hoy a nivel nacional es el relacionado con los supuestos contratos por asesorías, denominados en este caso como de "amarres", en el sentido de que asegurarían a los contratados a lo menos por un año una vez asumida la futura Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Se trata, en general, de políticos que compitieron en las pasadas elecciones y perdieron en sus afanes.
Esta realidad no es nueva; en épocas pasadas hubo irregularidades de variada índole si del aparato público se trata, y no necesariamente a consecuencias de una elección perdida, lo que desmerece la calidad, seriedad y trasparencia que debe existir en el servicio público.
Pese al revuelo que ha provocado todo ello, con graves acusaciones por parte de dirigentes de la hasta ahora oposición, que denuncian no contar con personal de su confianza en puestos claves, el asunto de fondo va mucho más allá y habla de la necesidad de sanear todo lo relacionado con el aparato público en cuanto escalas funcionarias, nombramientos, asesorías, contratos, concursos públicos y demás, que impidan cualquier supuesta irregularidad del gobierno que se trate, ya sea el que deja el Gobierno como el que lo asume y que lleva, en ocasiones, a engrosar artificialmente la administración pública pero sin un beneficio real en cuanto eficiencia y servicio a la comunidad.
El Estado debe establecer una nueva institucionalidad pública, válida para todos en toda circunstancia, procurando protocolos claros, trasparentes y desafiando toda duda.
En ese sentido, es imprescindible robustecer la carrera funcionaria, defendiendo los legítimos intereses de quienes han cumplido tareas por años y se han perfeccionado para desarrollar sus labores a alto nivel.
Terminar con el sistema a contrata es uno de los desafíos necesarios, toda vez que entrega seriedad al sistema y dignidad a quienes prestan sus servicios en condiciones que no son las mejores. Los servicios públicos no pueden transformarse en una caja pagadora de fidelidades políticas, sea el gobierno que fuere.
