La institucionalidad ambiental ha tenido numerosas fallas y debilidades, para garantizar con anticipación las reglas del juego y demostrar una independencia de los organismos del Estado y particularmente del Gobierno de turno, respecto a la evaluación de los distintos proyectos que se presentan al sistema.

Por carecer de una Estrategia y Planificación Participativa, con base legal es que muchos de los proyectos no resultan convenientes por su ubicación o características respecto a otros potenciales o mejores alternativas que presenta nuestro extenso y diverso territorio nacional. Si esta planificación existiese como se ha avanzado con la Zonificación del Borde Costero, se facilitaría mucho la elaboración y presentación a evaluación de las distintas alternativas de actividades económicas, de servicios o conservación en nuestro país.

En el caso del Proyecto de Hidroaysén hubo muchas anomalías a nivel regional en su calificación ambiental, en las que algunas en un proceso poco transparente no alcanzaron una convincente resolución, por el máximo tribunal del país en su oportunidad. No se ha logrado conocer en detalle y en profundidad los análisis y resultados respecto de la gran cantidad de observaciones y objeciones que se presentaron al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, muchos de ellos jefes directos de los subordinados que calificaron a nivel regional. Lo que sí se conoce es que se han solicitado estudios adicionales en cuanto a los impactos en las cuencas de los ríos más caudalosos del país, Baker y Pascua, en los glaciares del sector y los efectos que producen como es el caso del los vaciamientos bruscos del Lago Cachet y de los impactos sociales que podría provocar un proyecto de estas características. Este tipo de megaproyectos que pasan muchos costos a la sociedad, van quedando en el pasado de la ingeniería del Siglo XX. Las Energías Renovables No Convencionales, la Eficiencia Energética y la Cogeneración, resultan más atractivas y convenientes.

Se ha pasado parte de esta instancia al próximo Gobierno que tiene el compromiso de no respaldar este tipo de proyectos, e impulsar la planificación participativa y las energías alternativas que generan círculos virtuosos en cada una de las regiones del país.

Es más que saludable lograr garantías de una independencia de los distintos poderes del Estado respecto a proyectos que pueden producir daños irreversibles en las distintas regiones del país y ayudar a que se presenten mejores soluciones para el interés común.

Antonio Horvath Kiss.

El Ministerio de Salud ha hecho últimamente un esfuerzo importante en procura de disponer de los recursos que permitan financiar la especialización de los médicos, en el bien entendido de que habrá una retribución acorde en beneficio directo de la ciudadanía por parte de dichos profesionales.

En el país se vive una situación vastamente conocida, en el sentido de que los médicos -y muchos otros profesionales- prefieren para su desempeño vivir en Santiago y las grandes ciudades del país. Y, estando allí, la preferencia sigue por laborar en el sector privado, en mérito a mejores remuneraciones.

Sin embargo, juega un papel importante la posibilidad de perfeccionarse, buscando una especialización, proceso caro y largo. Es aquí donde actúa el Estado, procurando los caminos para satisfacer tanto los anhelos de los profesionales como las necesidades urgentes de buena parte de la población nacional, entre ella los pacientes que deben soportar largas esperas en centros asistenciales de todo el país. Una espera que, en ocasiones, termina mal.

El Estado estará financiando, este año, la especialización de más de 1.400 médicos, lo que permitirá contar, por ejemplo, con anestesiólogos, una de las grandes carencias en la salud pública y puesta en la discusión pública ante el reciente caso en que fracasó un trasplante por falta de uno de estos profesionales en el centro asistencial.

Por cierto este esfuerzo tan potente se financia con el dinero de todos los chilenos y, por ende, quienes resulten beneficiados deberán trabajar durante seis años en los establecimientos de salud que los requieran -a lo largo del país-, como una forma de retribuir ese financiamiento que les ha sido concedido, haciéndolo con atractivas condiciones económicas.

Este programa debe continuar sin descanso para asegurar a los pacientes de la salud pública una atención digna, oportuna y eficiente, perdurable en el tiempo y evitando los dramas que se aprecian día a día en las salas de espera de los centros asistenciales de gran parte de nuestro territorio.