El consorcio liderado por la española Sacyr confirmó ayer la suspensión de las obras de ampliación del Canal de Panamá ante la falta de acuerdo con las autoridades de la vía para financiar los sobrecostos, aunque insiste en seguir negociando.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) envió una nueva propuesta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a la que acusa de la paralización del proyecto y de la ruptura de las negociaciones.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consorcio asegura que la proposición recoge "las inquietudes" de las autoridades canaleras y proporciona los fondos necesarios para terminar la infraestructura.

"A pesar de las circunstancias, el GUPC sigue buscando un acuerdo de cofinanciamiento, de conformidad con los contratos y las leyes vigentes, con el objetivo de una resolución colaborativa e inmediata", reza el texto.

El consorcio denuncia que la ACP no saldó una factura pendiente de US$ 50 millones ni buscó la forma de ayudar en el financiamiento de los costos del proyecto necesarios para pagar a subcontratistas y trabajadores.

El conflicto estalló el 1 de enero pasado, cuando el consorcio (integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA) anunció que paralizaría las obras si no se llegaba a un acuerdo con las autoridades panameñas sobre los sobrecostos del proyecto, de US$ 1.600 millones. Tras más de un mes de conversaciones, con la mediación de las autoridades panameñas, españolas, italianas y de la Unión Europea (UE), el martes Sacyr anunció la ruptura de la negociación.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) instó al consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc) a que responda a los trabajadores y subcontratistas tras la suspensión de las obras. El administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, señaló que, por el momento, Gupc sigue al frente de las obras de ingeniería y debe hacerse responsable de los empleados y los subcontratistas afectados. Imágenes transmitidas ayer por canales locales confirmaron la suspensión de los trabajos.

Mabel González / Agencias

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, se presentó ayer de forma espontánea ante el juez que debe decidir si lo indagará por supuesto tráfico de influencias en una causa en la que su situación se ha vuelto cada vez más delicada.

El vicepresidente estuvo pocos minutos ante el juez federal Ariel Lijo en la sede de los tribunales de esta capital, y al salir dijo que, más allá de las decisiones que eventualmente tome el magistrado, quiso manifestarle que cuenta con su "máxima colaboración" en cualquier fase de la causa.

El jueves, un fiscal federal pidió al magistrado que indague a Boudou y a Ricardo Etchegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por considerar que los funcionarios realizaron "negociaciones incompatibles con la función pública" en la quiebra y posterior adquisición de la impresora de billetes de curso legal Ciccone Calcográfica por parte del fondo de inversión The Old Fund.

"Que la investigación avance lo más rápido posible para que se esclarezca (la situación)", afirmó Boudou, quien sostuvo que "el poder ejecutivo" tiene "el máximo respeto" por la actuación de la justicia.

El alto funcionario ha negado en reiteradas ocasiones y de forma pública haber cometido maniobras delictivas, lo mismo que el titular del Fisco.

Según el fiscal Jorge di Lello, cuando era ministro de Economía en 2010, Boudou habría incurrido en negociaciones irregulares para que Ciccone Calcográfica -que luego pasó a denominarse Compañía de Valores Sudamericana- pudiera levantar su quiebra mediante un plan de pagos ventajoso y quedara después bajo control de un fondo de inversión cuyos dueños tendrían vinculación con el ahora vicepresidente. Investigadores sospechan que después la empresa fue favorecida con contratos con el Estado.

"No tengo nada que ver... ya expliqué que son mentiras", dijo el vicepresidente sobre el caso, uno de supuestos hechos de corrupción más sonados durante la gestión de la Presidenta Cristina Fernández. El funcionario señaló que había presentado al juez dos escritos, uno con argumentos que ya esgrimió más de una vez para declarar su inocencia, y otro de tono crítico para refutar los argumentos del fiscal.

Opositores pidieron la renuncia del vicepresidente y criticaron al Gobierno por defenderlo. Algunos de ellos solicitaron sesiones extraordinarias en el Congreso -en receso por el periodo estival- para tratar un pedido de juicio político contra Boudou, lo que sería difícil de impulsar ya que el oficialismo y sus aliados mantienen el control en el poder legislativo. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que Boudou es sometido a "una sistemática persecución y linchamiento mediático".