Macarena Gallegos Saravia

Febrero podría ser un mes decisivo en el futuro de los pobladores del sector cordillerano de Cochamó, ya que existen altas posibilidades que el proyecto de hidroeléctrica de empresa Mediterráneo sea votado en los próximos días.

Así al menos lo afirmó el presidente de la Corporación Puelo Sin Torres, Rodrigo Condeza, quien junto a otros profesionales ha seguido y estudiado el diseño.

El proyecto energético ingresó a evaluación ambiental el año 2011, pasando hasta el momento por tres adendas solicitadas por los diversos servicios públicos que integran la comisión de impacto ambiental.

Los servicios encargados de realizar observaciones y por ende solicitar mejoras al proyecto son Sernatur, DGA, CONAF, SAG, Sernapesca, Ministerio de obras, entre otras, quienes integran esta comisión que ya había determinado dos adendas anteriores y luego de la tercera se declararon sin más observaciones, lo que descarta la posibilidad de una cuarta o quinta adenda que es el límite.

Sin más observaciones que hacer al proyecto, éste pasaría a votación por parte de la misma comisión de impacto ambiental encabezada por el intendente, lo que podría suceder durante el presente mes de febrero.

Al respecto, el presidente de la Corporación Puelo Sin Torres, Rodrigo Condeza, asegura que todo está basado en presiones políticas.

"La Moneda está presionando fuertemente para que los servicios públicos voten a favor de la hidroeléctrica; esto antes de que el Presidente deje el cargo y cuando todos los seremis estén de vacaciones", agregando que "los socios de Mediterráneo son amigos de Sebastián Piñera" y que debido a ello sería mejor votar en el gobierno de Bachelet.

Para seguir el proceso de evaluación del proyecto, la corporación ha revisado constantemente la página del Servicio de Evaluación Ambiental, donde permanece el registro de cada etapa de observación, modificación, consultas ciudadanas, entre otras. Los últimos documentos corresponden a las instituciones que luego de la tercera adenda se declararon sin observaciones.

Condeza explicó que como agrupaciones están trabajando contra la instalación de la hidroeléctrica, esperaban la realización de una cuarta adenda con más cuestionamientos por parte de las instituciones y que el proyecto sea presentado con un mejor diseño.

"Este es un proyecto mal planteado, mal estructurado desde el principio, lo óptimo sería plantearlo de nuevo; eso sería un respiro para todos, le sacarían un peso a Piñera", adujo.

De ser votado y aprobado el proyecto en el presente mes, las agrupaciones que se oponen a la hidroeléctrica preparan acciones legales.

La empresa gestora del proyecto se ha hecho presente en las comunidades cuyos territorios podrían ser intervenidos.

Mediterráneo ha llegado a entregarles capacitaciones laborales, a ofrecerles un helicóptero para el traslado de profesionales de la salud y también la construcción de caminos, negociaciones que están siendo sostenidas con el municipio, el que busca conseguir beneficios para su población.

Por su parte Mediterráneo no ha podido entregar su versión debido a que su gerenta y vocera se encuentra de vacaciones.

Con algunas demandas históricas y otras que aparecieron durante las jornadas de trabajo, finalizó el IV Congreso de la Identidad Lafkenche que se realizó en Hornopirén el fin de semana.

Después de tres días de reuniones, mesas redondas y otras actividades, los asistentes al congreso expusieron una declaración pública donde expresan que sus demandas son transversales a otros sectores sociales, por lo cual invitan a formar alianzas de solidaridad y reciprocidad "que nos encaminen a la recuperación de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales de los diversos pueblos-naciones", señalan.

A ello, agregaron que como identidad lafkenche, lucharán por la creación de una nueva Constitución en que se instaure un Estado Plurinacional, y para ello precisaron que "avanzaremos hacia la formación de un Poder Constituyente desde nuestro Kimün Mapuche, que nos permita ser parte de la futura Asamblea Constituyente, la que deberá garantizar nuestra existencia y derechos colectivos como pueblo", según señala la declaración.

El control territorial es el objetivo político que definieron en este congreso, lo cual se traduce en grandes ejes como la correcta aplicación de la Ley Lafkenche (20.249 ), para que se reconozca de manera efectiva el uso consuetudinario y el control de las 12 millas de mar territorial, playas y terrenos de playas, y los bordes de ríos y lagos, ley que -según señalan- se ve actualmente afectada por la Ley de Pesca, la cual exigen sea derogada.

Lo mismo piden para el Código de Aguas y el Código Minero, porque -según determinaron- "constituye la mercantilización de recursos estratégicos para nuestra vida como pueblos.Estos instrumentos jurídicos deben ser formulados previa consulta y consentimientos de nuestras comunidades".

En la declaración se solicita además que no se aplique el Decreto 701 de Fomento Forestal, explicitando que quieren que "las empresas forestales se retiren de nuestro territorio ancestral, porque han deteriorado irreparablemente nuestro entorno, provocando sequía, pobreza material y la pérdida de los elementos esenciales de nuestra fortaleza espiritual, entre otros perjuicios".