Una arista totalmente distinta a lo que es la investigación por la desaparición de Mariela Barra (43 años) ocurrida hace 2 años y medio en Puerto Montt, se comenzó a vivir ayer en el Tribunal de Garantía, tras la audiencia de formalización de cargos contra el ex fiscal Sergio Coronado Rocha, quien hasta el año pasado indagaba este caso y que fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de abusos contra particulares y aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad.

La audiencia desarrollada en la sala uno del Tribunal de Garantía y encabezada por la magistrada Mónica Sierpe, determinó un plazo de cierre de la investigación de 180 días, pero no decretó medidas cautelares de ningún tipo contra el ex persecutor, porque faltó la llamada 'querella de capítulo' que es aplicable a los funcionarios públicos y en este caso a un fiscal.

Pese a ello, el fiscal regional de Valdivia, Rafael Mera, dio a conocer los antecedentes de la formalización, y donde son parte querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El fiscal Rafael Mera señaló que al imputado se le investiga por haber tomado declaración -junto a funcionarios de Carabineros- a la testigo Lilian Levipichún Mundaca, quien fue conminada a aclarar unos dichos efectuados con anterioridad a la PDI, bajo amenazas de enviar a sus hijas al Servicio Nacional de Menores (Sename) si no lo hacía.

Este hecho ocurrió el domingo 15 de abril de 2012, cuando la testigo fue trasladada a las 8 horas desde su hogar, en el sector La Vara, hasta la Fiscalía de esta ciudad, donde se le tomó declaración hasta las 12:55 horas. En ese lapso, sus hijas menores de edad (10 y 9 años) quedaron solas en la casa, sin el cuidado de un adulto, y alrededor de las 11 horas fueron llevadas hasta la Fiscalía local por personal de Carabineros. El fiscal Mera precisó que estos hechos que afectaron a la testigo Lilian Levipichún, configuran el delito de abusos contra particulares.

El fiscal regional de Los Ríos comunicó además al imputado que se le investiga por un segundo hecho ocurrido el mismo 15 de abril de 2012, cuando funcionarios de Carabineros trasladaron aproximadamente a las 18 horas hasta el edificio de la fiscalía a Milton Hernández Vargas, a quien se investigaba por la desaparición de Mariela Barra.

Según relató Rafael Mera, los funcionarios de Carabineros golpearon a Hernández para que confesara ser el autor del homicidio de Mariela Barra, todo ello ante la presencia del ex fiscal Sergio Coronado, quien no impidió las agresiones.

El persecutor agregó que Milton Hernández fue interrogado durante 8 horas en la oficina del imputado Sergio Coronado, luego de lo cual fue llevado por Carabineros y el ex fiscal hasta el sector La Vara, donde estuvieron hasta aproximadamente las 10 horas del lunes 16 de abril buscando a la mujer desaparecida. Luego de ello, lo condujeron nuevamente hasta la Fiscalía, donde lo hicieron firmar una declaración a las 11 horas, y reanudaron la búsqueda de Mariela Barra en el sector La Vara. Finalmente, Milton Hernández fue dejado en libertad alrededor de las 18 horas.

El fiscal Mera precisó que Milton Hernández estuvo 24 horas privado de libertad, sin que hubiera detención formal ni una orden judicial para tal efecto, "plazo en el cual fue golpeado y sometido a apremios psicológicos durante el interrogatorio, lo que configura el delito de aplicación de apremios ilegítimos a persona privada de libertad".

Durante la audiencia, el fiscal regional de Valdivia dijo que la oficina del ex fiscal Sergio Coronado estaba entre las oficinas de las fiscales Pamela Salgado y Miriam Pérez.

"De acuerdo a lo señalado por la fiscal Miriam Pérez, cerraron la puerta fuerte y luego sentí golpes como 'cachetadas'. Me puse nerviosa y salí y le pregunté a Sergio Coronado a quién están torturando al lado y me dijo a un imputado de homicidio. La fiscal se comunicó con el fiscal jefe Daniel Alvarado", relató Rafael Mera.

Durante la audiencia se exhibieron grabaciones de las cámaras de seguridad de la Fiscalía local, sobre el movimiento en los pasillos entre el 15 y 16 de abril de 2012.

Otros testigos nombrados en la audiencia son el ex fiscal Mauricio Flores, el persecutor Rodrigo Tejos y la fiscal Pamela Salgado.

En la audiencia que ayer se extendió por alrededor de 3 horas, la jueza de Garantía, Mónica Sierpe, se refirió a la necesidad de contar con la querella de capítulos aplicable a funcionarios públicos y la que no se hizo efectiva, porque al momento de ser imputado Sergio Coronado ejercía la función de fiscal adjunto. Javier Jara, abogado defensor del ex persecutor penal, explicó que es un tema técnico y jurídico, y que es procedente. "La querella de capítulos es un requisito para procesar y que el Ministerio Público no reparó y no efectúo en un tiempo oportuno, lo que hace que la resolución de la magistrada se encuentre ajustada a derecho. Sin perjuicio de ello, quiero señalar que había documentos suficientes de la Fiscalía que hacen pensar sobre la inexistencia de los antecedentes que acreditarían los ilícitos. Es más, ustedes vieron la audiencia y los videos y escucharon la relación de los hechos, sólo hay 2 denuncias, pero ningún elemento ajeno a sus denuncias que acrediten estos sucesos contra el ex fiscal (Sergio) Coronado. La investigación demostrará la completa inexistencia de los delitos imputados a mi representado", aseguró.

El fiscal regional de Los Ríos, Rafael Mera, añadió que el tema de la querella de capítulos fue analizada, "pero no es necesario porque es un requisito de procesabilidad cuando se trata de fiscales, jueces o fiscales judiciales, cuando están en ejercicio de sus funciones, y en ese sentido no compartimos la decisión de la magistrada y vamos a estudiar un posible recurso de apelación por la negativa a que se otorgaran medidas cautelares personales. A nuestro juicio ese requisito de procesabilidad cesó cuando el fiscal (Sergio) Coronado dejo de ser fiscal y paso a ser un ciudadano común y corriente".

En el mismo tribunal, el abogado querellante Pablo Sanhueza y en representación de Lilian Levipichún, sus 2 hijas y Milton Hernández, dio cuenta de un presunto delito cometido el día que se le tomó declaración a la vecina de La Vara y que se refiere al supuesto delito de sustracción de menores.

El abogado explicó que los hechos a los que se hace referencia, "respecto a la sustracción de menores están dentro de la querella que presentamos en representación de Lilian Levipichún y de sus 2 hijas (9 y 10 años). Cuando se presentan las querellas van hechos y dentro de ello va la sustracción de las menores, que es parte de lo ocurrido. Conforme a los hechos, creemos que hay otro delito y por los antecedentes existe la sustracción de menores".

Durante la audiencia, la magistrada Mónica Sierpe declaró la incompetencia del tribunal de Garantía para conocer los delitos en lo que habrían incurrido 6 funcionarios de Carabineros. Los antecedentes fueron remitidos al Tercer Juzgado Militar de Valdivia para que sean indagados por la Fiscalía Militar de Puerto Varas. Álvaro Espinoza, abogado de la Defensoría Penal Pública que representa a los funcionarios policiales, no opinó sobre el hecho que es indagado. "Se decretó la incompetencia en el Tribunal de Garantía y se ordenó que la investigación sea llevada adelante por la Fiscalía Militar", apuntó.

Marcelo Galindo Gallardo

"La querella de capítulos es un requisito para procesar y que el Ministerio Público no reparó y no efectuó en un tiempo oportuno, lo que hace que la resolución de la magistrada se encuentre ajustada a derecho".

Javier Jara.

Abogado de Sergio Coronado.