Como "un avance, pero menor a lo que queríamos", calificó el diputado electo por el distrito 57, Patricio Vallespín, la aprobación en la Cámara del informe de la comisión mixta sobre el proyecto que regula el interés máximo convencional, el que quedó listo para ser ley.

El parlamentario, principal impulsor de esta iniciativa legal, valoró a nombre de la Bancada Demócrata Cristiana la aprobación de este proyecto. "El Gobierno no lo quería enviar. Hubo mociones anteriores, fundamentalmente de nuestra bancada, y también de senadores de oposición que buscaban justamente regular una anomalía que existe en nuestro sistema financiero".

Precisó que "es una vergüenza que hasta ahora, la tasa máxima que cobran las instituciones financieras, supere en promedio el 50%, y que incluso se llegue a elevar hasta más un 70%; esto porque existe hoy día un verdadero oligopolio económico".

Destaca que "uno de los puntos esenciales es que se modifica el tema del pago acelerado de la deuda y que permitía que, existiendo una morosidad, al día siguiente el acreedor pudiera cobrar la totalidad del crédito a la persona, lo que realmente es un abuso. Ahora, existirá un plazo de 60 días para que el deudor puede ponerse al día sin el riesgo y la amenaza de que le cobren la totalidad del crédito".

En tal sentido, recalcó que "logramos también generar una tasa máxima diferenciada para nuestros pensionados, que obtienen créditos en las cajas de compensación, donde no hay riesgo, porque se los descuentan por planilla. El Gobierno no quería eso; sin embargo, logramos aprobar una tasa menor para ellos, porque ahí simplemente no hay riesgo, ya que la cuota se descuenta al momento de pagar la pensión".

El legislador dijo que "esta rebaja es gradual y, por lo tanto, hay una primera disminución inmediatamente después de publicada la ley", por lo que espera que el Gobierno la promulgue y publique antes de fin de año.

Quedan cuatro meses para que termine el actual Gobierno. Sin embargo, las autoridades de Transportes confían en dejar lista la nueva política nacional de transporte marítimo.

Durante la mañana de ayer, la subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt, se reunió con los miembros de Armasur para presentarles la nueva reglamentación.

La premisa de esta cartera para fundamentar la creación de esta política es la de terminar con la improvisación, dado el desarrollo que tiene dentro del país y por lo mismo se tiene que generar una mirada a más largo plazo.

Y esta visión tiene ir que más allá de quién sea electa para el próximo período presidencial, entre Michelle Bachelet (Nueva Mayoría) ó Evelyn Matthei (Alianza).

De hecho, la subsecretaria indica que dejarán todas las copias con las publicaciones respectivas para las nuevas autoridades, así como de todos los planes maestros y reglamentos de infraestructura portuaria.

La autoridad, además, destaca que se encuentran en las etapas finales de la elaboración de este documento, del que para su confección llevan dos años de trabajo.

Así lo ratifica también el presidente de Armasur, Orlando Almonacid, quien añade que el objetivo es poder crear conciencia a nivel central y regional en torno a que las reglas deben ser distintas en esta industria en relación a la navegación oceánica.

Por ello apunta a que se encuentran abocados a la creación de una marina mercante costera, dado que la realidad en esta zona es diferente a la de otros lugares.

El sustento que tendrá este nuevo documento fue una de las materias abordadas con Armasur, entidad con la que vienen trabajando desde hace dos años.

Avances en infraestructura y también la competitividad del sector y la continuidad de las operaciones, son algunos tópicos.

¿Y el cabotaje?, cuya elaboración de la nueva ley constituye uno de los temas que tiene preocupados al gremio, la subsecretaria indicó que "hemos conversado más que por el cabotaje, por las condiciones de competencia".

Si bien dice que Armasur está tranquilo en esta materia, igualmente reconoce que están "atentos" en el desarrollo de esta materia.

Es así como añade que en caso de que "se abra el cabotaje se debe asegurar que las condiciones de competencia sean equivalentes. Y ello sí que es responsabilidad del Estado, en torno a cuidar que no se genere un desequilibrio".

En la nueva política se incluye como principio general el mercado abierto y competitivo.

En este sentido, Armasur plantea algunos temas que son adicionales, como el sistema de conectividad de Puerto Montt hacia el sur, donde ocurre la mayor cantidad de recaladas del país durante el año.

Esta propuesta fue bien recibida por parte de las autoridades de Transportes. "La responsabilidad del Estado es proteger la libre competencia", recalca la autoridad.

Almonacid destaca que estas autoridades concurran a Puerto Montt para tratar los temas que le preocupan al gremio. "Este ministerio tomó el rol que la Constitución le encomienda, como lo es preocuparse del transporte marítimo, aéreo y terrestre, lo que no ocurría antes cuando estaba en manos del MOP", aseveró.

Inconveniente

Almonacid reconoce que se logró que las autoridades tomen conciencia respecto a lo inconveniente que significa abrir el cabotaje en los términos que se habían propuestos, ya que no se tenía clara la diferencia que existe entre una marina mercante nacional, costera, de aguas interiores y protegidas, con respecto a la oceánica, frente a la cual "hemos sido obligados a cumplir la norma internacional".