Los comentarios del Gobierno sobre el rol que tuvo la justicia chilena en el caso bombas, donde dos de sus absueltos fueron detenidos en España como sospechosos de detonar un artefacto en una iglesia de Zaragoza el 2 de octubre, abrió un nuevo flanco de conflicto entre los poderes Judicial y Legislativo.

Al presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, le molestó que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, dijera que los jueces le debían una explicación al país por la decisión que liberó el año pasado a los 14 imputados por la instalación de un centenar de bombas en Santiago entre el 2006 y el 2010. En el grupo estaba Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda, detenidos el miércoles en España como presuntos autores del bombazo que afectó a la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde una persona resultó herida.

Chadwick afirmó ayer que no creía "que fuera mera casualidad o mera coincidencia" que se tratara de las mismas personas que en Chile estuvieron acusados de perpetrar ataques a las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, la Agencia Nacional de Inteligencia, Chilectra y la Iglesia de Los Sacramentinos.

Juica dijo ayer que los dichos del ministro eran "impertinentes", "inadecuados" y advirtió que la intervención hasta podría estar reñida con la constitucionalidad, expresando su extrañeza, dado que Chadwick es abogado.

"De alguna manera se está quebrantando lo que dispone el artículo 76 de la Constitución Política que le entrega el ejercicio único a la jurisdicción a los tribunales de justicia", advirtió el magistrado.

"Éste prohibe al Presidente de la República y al Congreso Nacional revivir procesos fenecidos o hacer apreciaciones que vayan en contra del contenido y fundamento de las decisiones que tomaron los jueces. Eso me parece un poco grave, altamente impertinente y no me parece que es lo adecuado", añadió.

Chadwick salió a responderle desde La Moneda. Le dijo que él conocía "muy bien la Constitución y quien la puede estar desconociendo es el ministro Juica, por cuanto estarían afectando sus declaraciones a mi legítimo derecho de expresión, a mi legítimo derecho a la libertad de opinión".

"No he infringido ninguna norma constitucional y no se da ninguno de los supuestos del artículo 76 de la Constitución", aseguró.

El Gobierno había expresado el miércoles su idea de perseverar en el rechazo al pago de las costas del juicio a la que fue condenado por el tribunal, como querellante del caso.

A Solar se le adeudan $ 100 millones y a Caballero $ 80 millones por sus defensas. Chadwick retrocedió ayer y dijo a radio ADN que la justicia ya estableció que "el Estado va a tener que cumplir", pero agregó que lo hará con "dolor e impotencia", porque "es dinero de todos los chilenos".

El ministro también reconoció que en la causa pudieron haberse cometido "errores" en la presentación de pruebas, lo que fue determinante para la absolución de los imputados.

Chadwick había enfocado el miércoles sus críticas hacia el juez Luis Avilés, del octavo juzgado de garantía, que desechó 4.000 pruebas por considerarlas improcedentes, ilegales y redundantes; algo que luego refrendó la Corte de Apelaciones.

El abogado que defendió a Solar, Mauricio Daza, recordó que "dos tercios de ellas no tenían ninguna relación o nexo lógico" con la acusación, detallando que en ella se incluyó una bolsa de plástico vacía, una colección del semanario The Clinic y un póster del vocalista de la banda Guns"n Roses, Axl Roses.

Además, rememoró que se comprobó que hubo peritajes "falsificados y se presentaron declaraciones que no eran tales". Daza añadió que en los 70 tomos de la investigación había antecedentes suficientes para perseguir a quienes efectivamente instalaron las bombas. "El fracaso del caso bombas pasó principalmente por quienes hoy salen a hablar (...) El fracaso del caso tiene nombre y apellido: el ex fiscal Alejandro Peña y el ministro Rodrigo Hinzpeter", agregó a CNN Chile.

Detenidos son llevados hoy al tribunal

Francisco Solar y su pareja Mónica Caballero dejarán hoy el penal de tránsito Soto del Real, donde han permanecido incomunicados desde el miércoles, y serán llevados ante el juez de audiencia federal Eloy Velasco, por supuesto delito terrorista. El canciller Alfredo Moreno aseguró que están en contacto con sus familias en Chile. "Todos los chilenos que tienen alguna dificultad en el extranjero pueden acudir a nuestros consulados (...) Nosotros les podemos colaborar en aquello que sea posible a través de nuestro consulado", dijo.