Se ha inaugurado con todo éxito, convicción de perfeccionamiento y promisorio porvenir, una nueva temporada de cruceros internacionales marítimos en el puerto de la capital de la Región de Los Lagos, que se encuentra en pleno proceso de desarrollo y optimización para atender exclusivamente a los grandes transatlánticos y naves de pasajeros, una vez que se encuentre funcionando el nuevo terminal en construcción en Panitao.

La aspiración puertomontina es potenciar al máximo los servicios portuarios, así como de atención y de acceso a los atractivos turísticos de Puerto Montt, la provincia y la región, disponibles para los cientos de turistas, además de tripulantes, que viajan en las imponentes y lujosas naves que navegan apasionantes periplos por mares internacionales.

Puerto Montt, sin duda, se ha ganado un lugar importante en el turismo de esta envergadura. Le falta, sin embargo, mejorar bastante más todavía para que esta palanca de importantes ingresos económicos se vaya consolidando y en el futuro ojalá se incremente la cantidad de recaladas de estos mega cruceros extranjeros en nuestra siempre hermosa rada. Para lo cual es prioritario reforzar al máximo todo lo referido al apoyo logístico, que es preciso emplazar en torno a la llegada, estadía y zarpe de estos viajeros globales, a quienes es primordial darles seguridad, confort y una conexión expedita y eficiente hacia los principales lugares turísticos de la zona, además de aportar un ambiente sin perros callejeros ni basuras.

Nuestra ciudad, en su rango de capital regional, tiene la mayor responsabilidad en este aspecto. Pero también debe hacer valer sus más importantes recursos turísticos, entre ellos, por cierto, Angelmó, que -siendo un sello de identidad de Puerto Montt- tiene que lucir esplendorosamente para ser el primer atributo local que visitar por estos ilustres huéspedes globales. Luego, está también esa gran tarea que acometer que es desarrollar -a la altura de su importancia mundial- el tesoro arqueológico de Monte Verde, inexplicablemente tantos años desperdiciado y que está destinado a cautivar el interés internacional una vez habilitado como corresponde.

Conquistemos el mundo, comenzando por cautivar su interés con lo mejor de lo nuestro.

Los sistemas de enjuiciamiento criminal son los más elocuentes indicadores del grado de respeto por los derechos de las personas que existe en un ordenamiento estatal. Si bien esta afirmación contenida en el Mensaje del Código Procesal Penal implícitamente se refiere al justiciable, puede ser extrapolada a otras personas, distintas del imputado, que también son titulares de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Si bien el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado exige que el sistema procesal penal asegure el respeto de las garantías constitucionales de aquél contra el cual se dirige el poder estatal, hoy la mirada debe ampliarse también hacia otras personas que intervienen en el proceso, no con intereses privados, sino que en calidad de víctimas o testigos respondiendo a la carga legal de contribuir al esclarecimiento y juzgamiento criminal. El delito no discrimina. No sólo los adultos son víctimas de hechos delictuales. Es más, el sistema todos los días recepciona a niños y niñas que han sido violentados en sus derechos por la comisión de un ilícito, tratándose en ocasiones de hechos altamente lesivos que también conmueven a la comunidad. Desde esta perspectiva, la denuncia se erige en un momento clave, no sólo para el devenir del caso, sino que sobre todo para la protección del menor y evitar su victimización secundaria. Igual relevancia tiene la investigación en la Fiscalía, la que si bien cuenta con Fiscales y profesionales especializados, debe aún seguir avanzando en los estándares de atención y calidad de las investigaciones.

Originalmente el Código sólo consideró una regla especial consistente en la canalización de interrogatorios a través del Juez Presidente en el juicio oral y en 2008, a propósito de modificaciones legales en materia de delitos sexuales, se incorporó la posibilidad de rendición de prueba anticipada de niños y niñas en salas acondicionadas al efecto. El avance, sin embargo, es aún insuficiente. El tratamiento procesal diferenciado de niños y niñas no es asunto que competa a una institución en particular o un problema exclusivo de ley. No parece razonable que se dé normativamente y en la práctica a los niños víctimas un tratamiento similar al régimen de los adultos. Por ello, es imperativo construir esta distinción -que para los adolescentes infractores de ley ya existe- ya que, volviendo a la expresión del Mensaje, los sistemas de enjuiciamiento criminal también son elocuentes indicadores del grado de respeto por los derechos de los niños que existe en un ordenamiento estatal.