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Municipio define proyectos para costanera mientras SBT los culpa de los problemas

Fallo. Empresa señala que la Corte Suprema no se refiere al contrato suscrito con municipio de Puerto Montt. Alcalde agrega que están solicitando concesión.
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Pese que el fallo de la Corte Suprema habla que la ocupación que se realiza en el borde costero de Puerto Montt es ilegal, la empresa de estacionamientos subterráneos SBT argumenta que el proceso en el que hacen ocupación de los terrenos hace 10 años está en el marco legal.

De esta forma, se escribe otra página de esta larga historia que comenzó cuando el año pasado Diario El Llanquihue publicó que la concesión marítima entregada en forma gratuita a la Municipalidad, estaba vencida y que de acuerdo a la ley de concesiones todo los bienes emplazados en este lugar pasaban a ser mejoras fiscales.

Al ahondar aún más en este proceso, el documento de la concesión marítima señala: "Se perderá la gratuidad si se destina a fines de lucro, se cede o se traspasa en todo o en partes a particulares".

Cuando se licitaron los estacionamientos subterráneos (año 2003) y cuando se iniciaron las obras durante todo ese proceso, la Armada hizo llegar tres oficios a la Municipalidad de Puerto Montt y uno remitido desde la Subsecretaría de Marina, hoy en día Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Uno de los documentos señalaba que "el proceso no se ajusta para lo que se había entregado la concesión".

Los comerciantes en esa oportunidad advirtieron públicamente la inconveniencia de entregar la concesión de los estacionamientos subterráneos por 35 años, en circunstancias que la concesión marítima en calidad de gratuita era por 10 años.

Contrario a todo ello, el alcalde Gervoy Paredes aseguró que la concesión marítima gratuita por otros 10 años ya está pedida. "Nos encontraron alrededor de 10 observaciones que ya se están subsanando. Nosotros queremos la concesión para el proyecto de remodelación de toda la Costanera, construir el museo de Monte Verde y el memorial de las víctimas de violación de derechos humanos", desechando de esta forma cualquier posibilidad para la actual empresa de estacionamientos que funciona en el sector.

TÍTULO

Desde estacionamientos subterráneos SBT, se indicó que la ocupación de los terrenos en la costanera está en el marco legal. "El fallo no hace referencia al contrato de concesión municipal, que es finalmente el título que nos habilita para poder ocupar los bienes en que se encuentran emplazados los estacionamientos. Por lo mismo, haremos uso de todos los recursos que nos franquea la ley frente a este tipo de decisiones".

"Sólo podemos decir que el municipio celebró con ESPM (Empresa de Estacionamientos Subterráneos Puerto Montt) un contrato de concesión municipal, en virtud del cual se comprometió a entregarnos un bien sujeto a su administración, para que en él construyéramos los estacionamientos subterráneos que hoy son ampliamente utilizados por los vecinos y visitantes de la ciudad. Mediante dicho contrato, el municipio de Puerto Montt se comprometió a garantizar que su utilización por parte de ESPM por los próximos 35 años sería pacífica y sin amenazas de interrupción por parte de terceros. Esperamos que el municipio cumpla con sus obligaciones contractuales, más aún considerando el alto monto de las inversiones ya realizadas por nuestra compañía para su construcción y operación".

El contrato entre la Municipalidad y SBT para construir, conservar y explotar 414 estacionamientos, fue firmado el 22 de mayo de 2003.

El párrafo quinto del fallo de la Corte Suprema se refiere a la ocupación ilegal en la Costanera: "Que así las cosas, y tratándose de una ocupación ilegal de un terreno de playa fiscal, la autoridad marítima se encontraba facultada para requerir del intendente el auxilio de la fuerza pública, a objeto de proceder sin más trámite al desalojo de los bienes ocupados indebidamente y a la restitución de los mismos, por así disponerlo expresamente el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley número 340 sobre concesiones marítimas".

Para el presidente regional de la Democracia Cristiana (DC) y uno de los principales impulsores de las críticas hacia la empresa de los estacionamientos, Juan Cárcamo, "la Armada tiene un mandato máximo del organismo de justicia que es la Corte Suprema y los fallos son para acatarlos y espero que se cumpla el estado de derecho", comentó.