A la Corte Suprema llegó la dura batalla judicial que están librando la Armada, a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Montt y la Empresa de Estacionamientos Subterráneos SBT, ello después que la Autoridad Marítima solicitara a la Intendencia Regional el desalojo de SBT desde la Costanera, por encontrarse vencida la concesión marítima, desde junio de 2012, cedida gratuitamente a la Municipalidad.

Fue la empresa de estacionamientos subterráneos la que interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt contra el capitán de Puerto, Sergio Wall; requerimiento que fue acogido por el Tribunal de Alzada.

El lunes, el capitán de Puerto apeló a la Corte Suprema y busca revertir la medida de la Corte de Apelaciones, incluso dando a conocer otros fallos que marcarían jurisprudencia respecto a quien corresponde la administración del borde costero.

"Existe el derecho de apelación el cual se está ejerciendo. Ahora debemos esperar lo que resuelva la Corte Suprema y sea cual sea el fallo, se va a respetar de parte de la institución", aseveró el capitán de Puerto, Sergio Wall.

RECURSO

La semana pasada, el Tribunal de Alzada de Puerto Montt decidió acoger el recurso presentado por SBT contra la Capitanía de Puerto, que mediante oficio del 10 de mayo de este año solicitaba al intendente de la Región de Los Lagos el auxilio de la fuerza pública para "concretar el desalojo" desde los estacionamientos subterráneos, acción que los recurrentes calificaron como ilegal y arbitraria. La resolución judicial dejó sin efecto este proceso.

Parte de la apelación de la Armada señala que "en caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión, o por cualquier otra causa, la autoridad marítima requerirá del respectivo intendente regional o gobernador provincial el auxilio de la fuerza pública a fin de que proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente".

La empresa de estacionamientos subterráneos SBT, que ha estado representada por el abogado René Fuchslocher, no se ha referido a la acción judicial que emprendieron en contra del capitán de Puerto, pero su gerente, Juan Luis Ovalle indicó escuetamente que estaban amparados por el contrato con el municipio. "Estamos muy tranquilos y conformes porque hemos actuado bajo un título que nos ampara y como lo es el contrato con la Municipalidad", adujo.

CONCESIÓN

El abogado Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, hizo un llamado a la Municipalidad para que soliciten una nueva concesión marítima.

"La forma de enfrentar la situación de si se cobra o no se está analizando y se buscará la acción que se va a emprender, y se ha pedido a la Municipalidad que esto se solucione a través de una nueva concesión marítima; si se va a cobrar hacia atrás es algo que se verá en su momento. Se tiene que hacer un proceso sancionatorio, independiente que se cobre. El foco es que se regularice la concesión, por parte de la Municipalidad, y todo va a depender de ello. Una vez que se presente la solicitud, se estudiará y se verá si se ajusta al mérito; posteriormente, se pondera en caso que se otorgue a título oneroso o gratuito, pero ello depende de la ley. La regularización debe ser lo antes posible, no existe un plazo, pero debe ser a la brevedad, o de lo contrario la Municipalidad se mantiene en una situación de irregularidad", apuntó el abogado.

El profesional de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas dijo que no eran parte del proceso judicial: "No tenemos ninguna calidad procesal, porque se trata de un tema entre el capitán de puerto y un particular, producto de la orden de desalojo. Se ha reiterado que el sector es parte del área que está sujeta a concesión marítima y un bien fiscal administrado por la Subsecretaría (Fuerzas Armadas); es decir, el Ministerio de Defensa".