Empresarios y operadores de máquinas tragamonedas de todo el país crearon una mesa coordinadora sectorial, que se propone "dirigir la defensa de los derechos de la entretención popular". La instancia orientará el trabajo de varias comisiones de trabajo que buscan socializar la idea de lograr una regulación en torno a esta industria.

La iniciativa fue creada a instancias de la Asociación gremial de operadores, fabricantes e importadores de entretenimientos electrónicos (FIDEN A.G.), que agrupa a empresarios y dueños de locales con este tipo de entretenimientos. Carlos Clavijo, presidente del gremio, señaló que "en esta nueva etapa de movilización no cesaremos los esfuerzos para convencer a la autoridad que la prohibición de los tragamonedas refleja un total desconocimiento de la realidad social y que sólo conducirá a emplazar esta actividad en la clandestinidad".

El asesor técnico de FIDEN A.G. y ex Superintendente de Casinos, Francisco Javier Leiva, dijo que la importancia de esta actividad está dada porque entrega aportes en impuestos al Fisco sobre $ 16.440 millones al año. Agregó que la propuesta de regulación incorpora un impuesto específico al juego del 5%, monto que ingresaría directamente a cada municipio, generando $ 17.500 millones anuales.

Según un comunicado del gremio, en la cita el diputado Juan Luis Castro, entregó algunos detalles de un proyecto de acuerdo para regular estas máquinas de juego, el que contaría con el apoyo transversal de al menos 18 diputados, y que busca solicitar al Presidente que se regule esta actividad, "que hoy se encuentra sujeta a diversas interpretaciones que crean un clima de inseguridad jurídica", manifestó el parlamentario.

La petición

Leiva pidió al Gobierno diferenciar entre máquinas de azar, de destreza y de "premio programado" o Clase B, como definió a tragamonedas. El ex superintendente de Casinos explicó que estas diferencias ya han sido reconocidas mundialmente, lo que ha permitido ordenar varios aspectos del sector.