Otro aspecto que habría motivado a Control para su observación, es que los trabajadores no tendrían pagadas sus imposiciones legales, dijo el concejal Fernando Orellana. "Me llama la atención que exista este tipo de informes. Espero recabar más información de esta situación. Lo que precisa Control es que de acuerdo a criterios de la administración pública, esto no cumple ese estándar. Si esto es ilegal... por eso quiero buscar más antecedentes", insistió.
Con cuatro meses de atraso, respecto de la fecha anunciada, el 15 de junio se inauguró la fuente de agua frente a la Plaza de Armas de Puerto Montt; obra financiada con recursos municipales, que ascendieron a los 899 millones 948 mil 820 pesos.
No fue hasta el pasado 9 de septiembre, que se completó el pago a la empresa Fuentes de Agua Las Condes (Falc), que recibió los montos de las fases 2 y 3 del proyecto, por un total de 602 millones 915 mil 938 pesos.
La evidente postergación tuvo un trasfondo que se conoció a raíz de un oficio que la Unidad de Control del municipio envió el pasado 5 de septiembre, dirigido al alcalde subrogante Carlos Soto, para informar que dan curso a los decretos de pago, pero reitera la "representación de ilegalidad" de ese acto, que un día antes ya había advertido esa misma repartición.
El documento firmado por Orietta Lamerain, directora de Control, especifica que "la reiteración de vuestra orden" motiva informar al Concejo Municipal, además de "remitir toda la información a la Contraloría General de la República", en función de lo establecido en el artículo 29, letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Al ser consultado, Soto explicó que se trató de un procedimiento "absolutamente normal", y apeló a las facultades que otorga la ley, entre las que "está la obligación de ordenar un pago cuando las labores contratadas han sido cumplidas, toda vez que hay un tercero que ha materializado una inversión, que va en directo beneficio de la comunidad".
El administrador municipal precisó que en caso de no hacerlo, arriesgan enfrentar una acción judicial de parte de Falc para proceder a la obligación forzada del pago, "trayendo como consecuencia una indemnización de perjuicio".
Dijo que no temen eventuales consecuencias que puedan derivar de la Contraloría, ya que tienen certeza de haber actuado dentro de los marcos legales "y en el contexto de las facultades que tiene la autoridad comunal", subrayó.
Soto remarcó que "hay una obra material a la vista, funcionando perfectamente; además, las garantías propias de una inversión de esta envergadura están vigentes, por lo que el patrimonio municipal está resguardado. Y lo más importante: la comunidad, más allá de las críticas u observaciones, advierte que está en pleno funcionamiento y son cientos de personas que hacen uso diariamente de este emplazamiento ornamental, transformado en punto de referencia para los turistas", aseguró.
Sobre la razón por la que insistieron ante Control, en lugar de aclarar la situación y actuar de acuerdo a la ley, el administrador reiteró que "se actuó conforme a la norma".
Apeló a la existencia de un contrato con obligaciones para ambas partes. "La empresa debía construir, y como construyó, el municipio debía pagar. El no pago constituye un enriquecimiento sin causa para el municipio, y termina vulnerando el principio de la buena fe en la ejecución de un contrato. No hacerlo, podía terminar con el municipio enfrentado en tribunales con la empresa, y aquello sí que hubiera constituido una condición propicia para la puesta en riesgo del patrimonio municipal".
El concejal Luis Vargas dijo que este hecho fue motivado por una decisión de la Dirección de Obras Municipales (DOM), que no emitió el certificado de recepción final de esos trabajos.
Según el edil, tanto inspectores de la DOM, como el inspector técnico de obras (ITO), no pudieron verificar que lo que se construyó bajo la pileta, correspondiera con lo que se proyectaba en planos, ya que la empresa habría sellado con concreto esa parte de las instalaciones. "Por lo tanto, no tienen idea qué hay debajo. Ahora es imposible verificar que efectivamente existe lo que se pidió en la licitación", añadió.
Vargas lamentó que no haya existido coordinación para programar esas visitas inspectivas. "Quisieron apurar la obra lo máximo posible y eso entrabó todo", reflexionó.