La comunidad científica internacional ha advertido en forma tajante que el planeta está perdiendo sus bosques de una manera "creciente" y "devastadora", al mismo tiempo que ha afirmado que "estamos perdiendo la batalla" por la reforestación a nivel global. Frente a la amenaza del cambio climático, en 2014, la Cumbre del Clima celebrada en la ONU acordó como un compromiso de 32 naciones y decenas de empresas el reducir a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales al 2020 y detenerla en su totalidad para el 2030, a la vez que se obligaban a restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas. No obstante a ello, un informe coordinado por la ONG Climate Focus reveló que, muy por el contrario, en las últimas dos décadas solo se han restaurado 27 millones de hectáreas de bosque y la tasa anual de pérdida de superficie arbórea se ha incrementado 43%, alcanzando más de 26 millones de hectáreas por año, principalmente en la Amazonía y la Cuenca del Congo.

En Chile, la situación no ha sido muy distinta. La ecorregión del bosque templado valdiviano de Chile y Argentina, que se extiende desde la región del Maule hasta la de Aysén, es considerada uno de los 35 "puntos calientes de biodiversidad", por tener un alto porcentaje de flora endémica. Un estudio realizado en 2016 por investigadores forestales de la Universidad de la Frontera en Temuco y de la Universidad Austral en Valdivia detectó que aunque las tasas más altas de deforestación en la selva valdiviana ocurrieron entre 1970 y 1990, los bosques continuaron siendo talados y degradados a una tasa elevada durante las últimas dos décadas. Desde el año 2000, Chile está perdiendo en promedio 30 mil hectáreas de bosque nativo cada año y casi un tercio de esa pérdida se produce solo en La Araucanía. Según los investigadores, de mantenerse esta tendencia, podría llevar a la deforestación completa de las zonas ubicadas fuera de las áreas protegidas nacionales.

Por su parte, el Informe País: Estado del medio ambiente en Chile. Comparación 1999-2015, elaborado por el Centro de Análisis en Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, estimó que la tasa de pérdida de bosques es bastante alta y llega a las 17 mil hectáreas al año. En 2008 se promulgó la Ley Nº20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Una década más tarde, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) sostiene que esa ley no ha logrado frenar la degradación de los bosques naturales, principalmente porque menos del 4% del presupuesto disponible para financiar actividades de manejo forestal se ejecuta. Lo anterior hace urgente un cambio no sólo de legislación, con herramientas de fiscalización más efectivas, sino que de conciencia, para proteger con fuerza nuestros cada vez más disminuidos bosques y biodiversidad.

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos. Por distintas razones, el tema se ha instalado desde hace tiempo ya entre las prioridades de los vecinos, incluso en aquellas comunas que no tienen altos indicadores de hechos delictuales.

La realidad es dispar. Mientras algunos municipios, especialmente en el sector oriente de la región metropolitana, despliegan múltiples acciones, muchas de ellas a elevados costos, otras administraciones, la mayoría en regiones, se esmeran por enfrentar -con ingenio y talento, pero muy poca plata- el desafío de hacer sus comunas más seguras.

En algunos casos, el municipio destina recursos propios de su presupuesto para tales fines. Mayoritariamente, los alcaldes postulan proyectos a fondos sectoriales o regionales, siempre con el riesgo de no obtener los recursos, o de enfrentar la oposición de las fuerzas de orden -que consideran que los municipios se inmiscuyen en una labor que no les es propia- y de la Contraloría que ha emitido dictámenes restringiendo el rol del municipio en tales tareas.

Hay detrás de todo esto un problema de enfoque, en el que los roles preventivo y disuasivo se confunden. Los municipios no están para perseguir la delincuencia, pero sí pueden hacer una contribución importante en materia de intervención social para evitar la generación de potenciales focos de inseguridad.

Otro aspecto que no siempre es correctamente comprendido por las autoridades centrales es que cada comuna es una realidad distinta, por tanto requiere también de estrategias y políticas diferenciadas.

Recién a fines de 2018 ingresó un proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los gobiernos locales, el que sin embargo no ha avanzado en su tramitación pues el Ejecutivo no le ha asignado urgencia.

De partida, es necesario establecer nuevos y mejores mecanismos de distribución de recursos, hacer claridad respecto de los límites y alcances del rol municipal en estas funciones y afinar la coordinación con las policías.

Enfrentar la delincuencia y garantizar la seguridad de la población es una tarea del Estado, su ejecución no puede descansar en aquellas administraciones locales que tengan más recursos o ingenio para desarrollar soluciones. No podemos dejar a solos a nuestros municipios a la hora de cargar con la pesada mochila de la seguridad ciudadana y la prevención del delito. El problema es todos, y todos debemos contribuir con la solución.

Rabindranath Quinteros Lara

Senador PS de la República. Región de Los Lagos.