Carlos Véjar Davis
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo (fin de la causa) de los fiscales Marcos Emilfork y Marcello Sambuceti, quienes estaban bajo investigación por un presunto delito de violación de secreto.
Tanto el fiscal regional como el persecutor jefe de Puerto Montt -ambos a cargo del denominado "Caso Sename"- fueron denunciados por los ex ministros de Justicia Javiera Blanco y José Antonio Gómez.
Fue el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien se encargó de encabezar la investigación, la cual se extendió durante más de un año
Según los exsecretarios de Estado, ambos persecutores habrían filtrado a los medios de comunicación antecedentes de la carpeta de investigación de la denominada arista "Ascar" (ver cuadro).
Además, se cuestionó por parte de los denunciantes una entrevista al fiscal regional Emilfork al Diario La Tercera, donde el persecutor, ante las consultas de una periodista, planteó como un escenario posible el llamar a declarar en calidad de imputados a Gómez y Blanco. De dicha situación se denunció falta al "principio de objetividad y prudencia".
Investigación
El abogado Ángel Valencia, quien representó en esta causa a Emilfork y Sambuceti, valoró la determinación del tribunal, la cual quedó a firme luego que la parte denunciante no recurriera a lo determinado por la jueza de Garantía Marcela Paz.
En cuanto a la acusación emanada como consecuencia de una entrevista, el abogado Valencia aseguró que en ningún "caso puede entenderse como constitutivo de delito. Fue sólo una consulta periodística. La denuncia no tenía asidero". Respecto a las supuestas filtraciones de la carpeta de investigación, la Brigada de Investigaciones Especiales (Bipe) de la PDI Metropolitana evacuó siete informes policiales al respecto y se tomó declaración a más de setenta testigos.
"Con todos esos antecedentes, y después de más de un año de investigación, no hay nada que permita atribuirle responsabilidad a los fiscales de las filtraciones. Y así lo entendió el tribunal", sostuvo el abogado Valencia, consultado por este Diario.
Agregó que los hechos denunciados tratan de delitos que ni siquiera hubiesen tenido como consecuencia la privación de libertad.