La primera sala de la Corte de Apelaciones declaró admisible ayer el recurso de amparo, pero rechazó la solicitud de no innovar. La sala compuesta por los ministros Jorge Pizarro, Ivonne Avendaño y el abogado integrante, Mauricio Cárdenas, solicitó informe a todas las partes.
"La justicia tarda, pero llega", dice un refrán, que en el caso de un ciudadano chilote procesado por un delito de falsificación cometido hace 20 años cobra especial interés, porque recién fue notificado el 2 de mayo por el Poder Judicial para que cumpla 541 días de reclusión nocturna.
El inusual suceso afecta a Edber Gregorio Montecinos Lobos, con domicilio en Quellón, quien junto a otras 20 personas están viviendo un hecho inédito en el plano judicial penal, tras conocer que recién en febrero de este año fueron condenados por los delitos cometidos hace dos décadas en causas que son de Valdivia y Chiloé, del antiguo sistema de justicia criminal, y agrupadas actualmente en el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.
Fue el abogado José Miguel Devilat, defensor del ciudadano de Quellón, quien dio a conocer esta situación.
Devilat recurrió a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, donde presentó un recurso de amparo, incluyendo una solicitud de orden de no innovar (ver cuadro).
El condenado fue procesado como coautor de un delito de falsificación de instrumento público, cometido en agosto de 1999.
La sentencia -en primera instancia- fue entregada en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 27 de junio de 2006, donde se daba a conocer una condena de 541 días de reclusión.
El amparo presentado por el abogado José Miguel Devilat, indica que dicha sentencia subió en apelación "en este tribunal superior con fecha 13 de abril de 2018, según costa de certificado que figura en carpeta virtual. La sentencia de primera instancia, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha 26 de febrero de 2019, y el cúmplase fue notificado a don Edber Gregorio Montecinos Lobos con fecha 2 de mayo de 2019, vía exhorto, en la ciudad de Quellón".
Agrega el requerimiento que el condenado estuvo sujeto a la firma mensual, como medida cautelar, durante dos décadas.
"Es decir, por un espacio de 20 años el amparado ha estado sujeto a una medida cautelar que limita su libertad de desplazamiento. La firma periódica en el tribunal constituye una verdadera aberración del sistema procesal penal anterior al que nos rige hoy en día, y que bien puede determinar que se tenga por íntegramente cumplida la pena impuesta", agrega el escrito.
"El ingreso de la causa en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se registra con fecha 13 de abril de 2018. Es decir, durante casi 12 años (desde 2006), la causa estuvo "desaparecida" del sistema, quién sabe por qué razón. Perdida en un cajón del tribunal, en una bodega. Resulta inimaginable la razón por la cual demoró 12 años en "subir" a la Corte de Puerto Montt, estando el tribunal en la misma ciudad. Además, por lo que recuerdo, allá por el año 2006 los juzgados del Crimen se hallaban sólo a un par de cuadras de la Corte de Apelaciones", señala en el escrito el defensor.
El requerimiento que busca cambiar la resolución judicial indica que durante los 12 años que la causa estuvo "desaparecida", no se discutió en ningún momento la prescripción.
De acuerdo a Devilat, se cumplieron los plazos de la prescripción de la acción penal y en el caso de su representado debía ser de cinco años.
"Cualquier tribunal que ejerce jurisdicción en materia penal, tiene la obligación de declararla (la prescripción) de oficio de acuerdo al Código Penal", recalcó.
Para el abogado, este es un proceso que en total ha demorado 20 años.
"Aquí hay una vulneración flagrante a normas de derecho internacional contenidas en tratados internacionales y en forma particular en la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile, que se conoce como el pacto de San José de Costa Rica y que contempla el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable", manifestó el profesional.
Unas 10 mil plantas de marihuana en pleno proceso de cultivo fueron descubiertas anoche en el sector Maule Bajo, correspondiente a Tegualda, comuna de Fresia.
En un procedimiento conjunto entre el OS7, el Gope y carabineros de la Tenencia de Fresia -el cual aún estaba en desarrollo al cierre de esta edición- los efectivos policiales lograron ubicar un predio de aproximadamente media hectárea, en donde habían tres viveros habilitados para cultivar cannabis sativa a gran escala y de forma ilegal.
Cada uno de los viveros tiene aproximadamente un área de cultivo estimada en 1.500 metros cuadrados. Además, existía un cuarto espacio en vías de ser habilitado para poder sembrar la hierba.
A las plantas en proceso de crecimiento se suma una cantidad estimada en unos ocho kilos de marihuana procesada, que estaría en condiciones de ser comercializada.
El decomiso de los funcionarios policiales correspondería a la incautación de narcóticos más grande en la historia de la Región de Los Lagos.
Al cierre de esta nota, el trabajo policial aún no reportaba personas detenidas, por lo que se llevaban a cabo diligencias para ubicar a las personas responsables de la plantación.
El alcalde de Fresia, Rodrigo Guarda, valoró el trabajo de los efectivos policiales y reconoció estar sorprendido por la magnitud del hallazgo.
"Recibimos la información de carabineros respecto a una enorme plantación de marihuana, del orden de las 7 mil a 10 mil plantas en unos invernaderos que parecen industriales. Es algo que impresiona la magnitud de lo hallado. Es tremendo para la comuna de Fresia, una zona donde este tipo de cosas no pasan", comentó el jefe comunal.
Guarda añadió que el predio está al norte de Tegualda y que por lo tecnificado del proceso de cultivo, "esto no corresponde a una sola persona, sino que a una banda".
Como una forma de dar respuesta a la demanda de autoridades y vecinos de la Provincia de Palena frente a la ocurrencia de vulneraciones de derecho con la niñez y adolescencia, así como de violencia intra familiar (VIF), el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Servicio de la Mujer y Equidad de Género de la región, decidieron implementar una estrategia conjunta de intervención para la detección, prevención y denuncia de este tipo de hechos, en Chaitén, Palena y Futaleufú.
La iniciativa consiste en capacitar a profesionales de distintos servicios, como municipios, oficinas de adulto mayor y de la mujer, Carabineros, gobernación provincial, Salud y Educación, entre otros, en materias relativas a VIF y vulneraciones de derecho de niñez y adolescencia, de tal manera que cada uno de ellos y ellas conozca y desarrolle las competencias para detectar y denunciar estas situaciones, pero sobre todo se constituyan como agentes difusores de la prevención y promoción de derechos.
La directora regional del Sename, Lilian Peña, señaló que esta nueva forma de insertarse en el territorio "responde a que tanto nosotros como Sename, así como Sernameg, no estamos contando con la oferta necesaria para dar cobertura a todo el territorio de una región tan compleja como la nuestra; por lo tanto, si queremos anticiparnos y ojalá con prevención, para evitar la vulneraciones de derecho contra niñas, niños y adolescentes, así como la violencia contra la mujer, debemos cambiar la forma en que abordamos el territorio".
Camila González, directora regional de Sernameg, señaló que la Región de Los Lagos, es una de las regiones con mayor incidencia de violencia intrafamiliar contra las mujeres, "situación que se incrementa en sectores rurales; por lo tanto, nuestra convicción de que la mejor forma de poderlo trabajar es intersectorialmente con los distintos servicios e instituciones asociadas a la labor pública".