Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.
Hoy existe un amplio consenso social a la hora de entender como excesivo los montos que los parlamentarios perciben como dieta, así como los dineros que reciben a fin de llevar a cabo su función. Los principales factores que tributan a esta percepción están asociados a la falta de probidad; representado esto en el financiamiento ilegal de campañas políticas, la promulgación de leyes que no tributan al bien común, la escasa rigurosidad con el que desarrollan su trabajo legislativo, el olvido que hacen a sus promesas de campañas y la forma instrumental con la que muchos votan y por la que desprecian el verdadero sentido de la representación.
Ante esta realidad, algunas figuras políticas han planteado modificar el artículo 62 de nuestra Constitución a fin de reducir la dieta parlamentaria en aras que ésta no supere en más de 20 veces el sueldo mínimo; posición que ha tenido defensores y detractores dentro del mismo Congreso y cuyo debate terminó desvirtuándose debido al interés de posicionar el tema en una dinámica electoral. Al respecto, y con el objetivo que el lector tenga certezas respecto a lo aquí planteado, es importante señalar que los parlamentarios reciben más de 9 millones de pesos mensuales (bruto); montos a los que hay que sumar las asignaciones que mensualmente perciben, y que en el caso de los senadores y diputados alcanzan cerca de los 20 millones y 11 millones respectivamente. Estos montos, y tal como lo señala el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, se han de destinar al ejercicio propio de la labor parlamentaria, tales como el pago de asesorías externas y la contratación de personal de apoyo. A su vez, y en la lógica de realizar de manera responsable, eficiente y eficaz su función, el mismo Consejo ha determinado que hay una serie de gastos que han de ser cubiertos por el propio Congreso, tales como un número de pasajes de avión, los gastos en combustibles, estacionamientos en aeropuertos, arriendo de oficinas, planes telefónicos, correspondencia, entre otros. Así entonces, nuestros parlamentarios tienen todo -y más- para desarrollar sus funciones de una forma idónea, lo que justifica que como ciudadanía le exijamos a ellos no sólo probidad en sus actuaciones sino también calidad y rigurosidad en su trabajo legislativo. Sin embargo, y habiendo estudiado por años el comportamiento legislativo de los parlamentarios en Chile, he de señalar que considero que los montos que actualmente ellos perciben si bien son legales, son excesivos e inmerecidos, no sólo por evidenciar una desigualdad económica institucionalizada en el seno del mismo Estado sino también por la escasa calidad con la que la mayoría de los parlamentarios legisla.
Jaime Abedrapo, académico Facultad de Derecho y Gobierno U. San Sebastián.
Indiferencia y egoísmo,
desafecto por los otros
La motivación por saber el porqué de la pobreza en tiempos de abundancia, cuál es la causa primera de la degradación del medio ambiente, cómo se intenta remediar la situación de sobre explotación de los recursos naturales, cuáles son los derechos vulnerados y cómo el sistema internacional actúa a favor de remediar la situación, se asumió como interrogantes para la siguiente reflexión. ¿Podrá ser viable un derecho al desarrollo de los pueblos en tiempos de desafectos? Tal vez podremos entender el asunto en la perspectiva que nos presenta aquel conocido tango argentino que en resignación señala: "este mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también…". Dicha expresión no somete a consideración que tal vez hoy estamos más desafectos que antes, porque existen incentivos más poderosos para ello, acomodados en un marco político general que se desembarca de la moral. En efecto, al contrastar los principios 'rectores' del orden internacional versus el actuar de los Estados, las políticas de la gobernanza económica mundial y sus consecuencias en la distribución del ingreso mundial, podemos señalar que la idea de progreso (constante y ascendente), tan propia de la modernidad, es difícil de corroborar o contrastar con la realidad. Debemos mostrar un fastidio ante el sinsentido de los Estados amorales que han sido característicos desde la teoría de las relaciones internacionales en el siglo XX. Hans Morguenthau, Kenneth Waltz y Henry Kissinger, entre muchos otros, desconocen la ética en la conducción de la política exterior. No confundirse: tampoco se pretende buscar respuestas en los idealismos Hegelianos, Mazzinianos, Wilsonianos y tantos otros, que en algunos casos han contribuido a que la utopía se transformase en sistemas totalitarios. Estos prescinden de la comprensión de los derechos humanos en la perspectiva de la dignidad de la persona6. En definitiva, a los primeros no les interesa la comprensión de la naturaleza humana y los segundos son más partidarios de crearla sobre supuestos mesiánicos o de autoconstrucción. Buscaremos una vía de respuesta que a su vez nos permita observar en perspectiva las razones fundadas de una indignación. Y hemos podido apreciar en la actualidad una creciente demanda por reivindicar la dignidad de la persona humana.