En la Región de Los Lagos existen 38 campamentos, estimándose que en ellos viven cerca de 2 mil familias. Sin duda, una realidad alarmante que tenemos que combatir de manera urgente.

Vivir en un campamento implica no tener un acceso regular a servicios básicos como el agua potable, alcantarillado o energía eléctrica.

Significa muchas veces estar habitando una zona no apta, que puede estar cerca de laderas, con evidente riesgo de derrumbe, o en áreas inundables y en reiteradas ocasiones, vemos que existen grados de hacinamiento o que las viviendas no están construidas con materiales adecuados para soportar las condiciones climáticas de nuestra región. Esto sumado a cargar con el duro estigma de vivir en un campamento.

En Los Lagos hay cerca de 40 asentamientos, concentrados en su mayoría en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Calbuco, Ancud y Quellón, lo que evidencia la necesidad de avanzar en esta materia.

Sabemos que no es una tarea sencilla y estamos conscientes que en reiteradas ocasiones nos enfrentamos a un círculo vicioso, en que personas que logran salir de campamentos, tiempo después vuelven a vivir en estos, lo que supone una tarea realmente titánica.

Con tales antecedentes y dando cuenta de lo compleja de la situación, me incomoda ver que, a estas alturas, existan eventuales candidatos a diputados que estén ofreciendo viviendas a familias vulnerables.

Considero que esto es un engaño, en el que juegan con el sueño de acceder a su casa propia. El proceso es extenso, más de lo que quisiéramos, pero resulta más seguro que dejarse llevar por inescrupulosos que con fines electorales, prometen viviendas a destajo. Eso es una irresponsabilidad que tenemos que erradicar cuanto antes.

Sé que es angustiante estar en esta condición, pero no por eso se debe caer en estos engaños. El gobierno del Presidente Piñera tiene un compromiso en esta materia y por lo mismo, le he planteado al Ministro de la vivienda, la necesidad de avanzar urgentemente en esta materia.

Iván Moreira Barros, senador de la República. Región de Los Lagos

La polémica que ha protagonizado el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, al expulsar a tres mujeres de la que él estimaba era su propiedad; pone sobre la mesa varios temas. Primero, ha quedado en evidencia la fragilidad de la institucionalidad al respecto, porque debieron pasar 48 horas para que el ministro de Bienes Nacionales emitiera un pronunciamiento al respecto, tras la fiscalización que realizara el seremi respectivo, para concluir que efectivamente las mujeres estaban en una playa pública. Al tiempo que ha quedado de manifiesto que, pese a las denuncias, y a la campaña del Gobierno al respecto, poco se puede hacer -en la práctica- por ahora.

Recordemos que el Gobierno lanzó en diciembre la campaña "Que no te falte playa", a propósito del acceso libre a estas, y en el caso de la Región de Los Lagos hay 63 denuncias, lo que según el seremi, representa un incremento notable respecto del año anterior. Mientras que a nivel nacional, el ministro aseguró que la cartera había recibido 365 denuncias al respecto en el último período, cifra que se incrementó en un 40 % en las últimas 48 horas, tras el caso del empresario de Gasco.

No obstante, lo que cabe aquí preguntarse es si pese a la campaña gubernamental y al evidente aumento de denuncias, el Estado está o no en condiciones de fiscalizar estas situaciones, porque no basta con tener el registro de denuncias, sino que hay que salvaguardar efectivamente el libre acceso a las playas del país, cuestión que, seamos francos, se reitera en múltiples rincones del territorio nacional y nadie pone atajo.

En este caso como en otros (¿o acaso Sernapesca, por ejemplo, tiene el número adecuado de fiscalizadores para monitorear nuestras costas?), el Estado tiene tareas pendientes, para, efectivamente, hacer cumplir la legislación respectiva; norma que además hay que modernizar, para que en casos como éstos, no sólo sea aplicable a las costas marítimas, sino que también de lagos y ríos.

Y el otro punto relevante que se pone sobre la mesa, es el mundo en el que vivimos, que evidentemente cambió respecto del que habitábamos hace un par de años nomás, en donde los usos y costumbres que antes estaban permitidos, ahora ya no son tolerables; y ese cambio cultural no todos lo han internalizado.