Ley de pesca y rec. renovables
Tras años de campañas detractoras sin contrapesos, es comprensible que aquellos que no conocen bien los contenidos de nuestra legislación pesquera tengan una percepción desfavorable de la Ley de Pesca. Basados en esta percepción, en semanas pasadas algunos parlamentarios decidieron "anular" esta ley, algo completamente contrario a nuestra Constitución y al Estado de Derecho. Las leyes se modifican o se derogan, pero no se anulan. Lo que ocurre hoy con el sector pesquero es grave y dañino para Chile. Dicho con claridad y franqueza: la actual legislación pesquera es vanguardista, pues regula el acceso a la pesca mediante criterios científicos, cuidando la sustentabilidad de las biomasas y, así, de la propia actividad pesquera. Los peces son animales silvestres, renovables, pero escasos. Por ello en todo el mundo se busca diseñar fórmulas idóneas para regular y limitar el acceso a su extracción, asegurando una actividad sustentable y beneficiosa para la sociedad. El acceso se convierte en el dilema central.
Los países pesqueros, entre ellos Chile, históricamente han otorgado ese acceso a pescadores artesanales e industriales, "fundadores iniciales de la actividad", que por décadas han trabajado y desarrollado el sector, invirtiendo recursos, innovando, capacitando, abriendo mercados y asumiendo riesgos. Los pescadores "fundadores" industriales y artesanales son los más interesados en cuidar las biomasas de peces, pues así velan por su propia sustentabilidad. La experiencia pesquera internacional prueba que con una buena regulación, este derecho de propiedad genera un vínculo recíprocamente beneficioso entre el interés individual y el colectivo, que se debilita cuando se hace más breve o frágil. Las licitaciones aplicadas a pesquerías en funcionamiento han sido descartadas por todos los países pesqueros de la OCDE, pues llevan a la sobreexplotación de recursos, la concentración de cuotas y la subinversión en investigación y desarrollo, perdiendo el país competitividad. Las buenas políticas públicas no se logran con licitaciones, sino con derechos permanentes, divisibles y transables, y con una regulación que cuide la sustentabilidad.
Las actuales licencias renovables se originaron en permisos de pesca otorgados hace más de 50 años, cuando no había industria, y se otorgaron como un derecho básico a cambio de invertir, arriesgar y desarrollar la industria, manteniéndola competitiva. Con la ley de 2013, el Estado ofreció a los pescadores industriales canjear sus permisos indefinidos por licencias renovables, debiendo por ello pagar el más alto royalty del mundo pesquero, ceder derechos de pesca en favor de los pescadores artesanales -muchos casi industriales cuyas naves requieren tres o cuatro camiones para desembarcar la pesca- y entregar posteriormente un 15% de sus licencias para licitarlas. Nadie juicioso diría que fue un regalo, pero los pescadores industriales aceptaron de buena fe, confiando en una política pública aprobada por la inmensa mayoría de los parlamentarios, y en los criterios de sustentabilidad que la ley incorporaba, buscando estabilidad y certeza jurídica. El actual proyecto de "Ley Corta' y sus indicaciones generan perjuicio al sector pesquero y al país, pues entregan la nefasta señal de que los gobiernos, con acuerdo del Congreso, pueden privar a los particulares de su derecho de propiedad sin compensar el daño patrimonial efectivamente causado, corno lo dispone la Constitución, dañando también el orden público económico que ha permitido que Chile se destaque en el mundo. Si ello se permite en la pesca, no hay razón para que no le sigan otras actividades económicas, como las licencias bancarias, los derechos de agua, las concesiones mineras, de telecomunicaciones o marítimas, u otras que llevan tiempo funcionando con permisos del Estado.
Algunos afirman que todo esto es un castigo por hechos ilícitos ocurridos en el proceso de aprobación de la ley. Olvidan, sin embargo, que estos son actualmente investigados por la justicia, como corresponde en todo país civilizado y que 94 parlamentarios de todos los sectores políticos votaron a favor de esta ley, después de mucho análisis y debate. Si hubiese habido ilegalidades, deben ser probadas y sancionadas por tribunales de justicia, pero no infligir un castigo pasando la retroexcavadora a una ley que es técnicamente buena y fue mayoritariamente aprobada; sería una señal que erosiona nuestra institucionalidad y daña la imagen de Chile.
RICARDO GARCÍA HOLTZ. Gerente General de Compañía Pesquera Camanchaca.
Clamor calbucano
Un Mercado Municipal idóneo y un terminal de buses acorde es !clamor popular! en Calbuco. El tiempo prosigue y no se concreta nada. La ciudad de las aguas azules, su gente, son merecedores de un buen mercado y un terminal (no un paradero). Lamentablemente, el tiempo transcurre y no existe voluntad. El turismo, que tanto se pregona, necesita de estos servicios. Se debe ver este asunto, por ser un clamor calbucano.
FRANK LAMBARRI RAMÍREZ.