Tras la polémica que surgió luego de que se conociera el anteproyecto a la reforma al Código Penal que impulsará el Gobierno, que entre otras cosas tipifica el delito de violación y reduce la edad de consentimiento sexual de 14 años a 12, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que estas propuestas no entrarán en el proyecto final.

A raíz de la controversia suscitada, el secretario de Estado se reunió ayer en el Congreso con las diputadas comunistas Karol Cariola y Camilla Vallejo, además de Gonzalo Fuenzalida (RN) y Jorge Alessandri (UDI). Tras la cita resaltó que el proyecto aún no ha sido presentado, que se trató solo de un "anteproyecto", y que el oficial será ingresado a fines de enero o principios de marzo.

"No va a formar parte de la propuesta del Gobierno el reducir la edad penal o la tipificación de violación que propone el anteproyecto. Así como tampoco se hará esta disminución en la edad de consentimiento sexual", confirmó Larraín.

El ministro explicó que el anteproyecto surgió tras la fusión de la comisión impulsada por el Presidente Sebastián Piñera en su primera administración y por el segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y "hay materias que ciertamente van a incorporarse en el proyecto que presentaremos, pero otras que no".

Además, el ministro acordó con las diputadas "estudiar" la posibilidad de patrocinar el proyecto que ellas impulsan llamado "sin consentimiento es violación". En ese sentido, explicó que analizarán "si la incorporamos o no a nuestro proyecto de Código Penal o si apoyamos la iniciativa que ya está presentada por este grupo de diputados y que, por lo tanto, pudiera ser tramitada en paralelo al Código Penal".

Añadió que "creemos que es muy importante transmitir que nos preocupa la forma en que está tipificada la violación y creemos que el problema del consentimiento es obviamente un elemento que no puede ser restrictivo a la hora de sancionar a los violadores".

Al respecto, la diputada Cariola valoró la reunión asegurando que "nos parece importante esta aclaración". Eso sí, resaltó que es "preocupante" que el grupo de expertos convocados para la redacción de la iniciativa no cuente con ninguna mujer, situación que el ministro Larraín se comprometió a corregir.

Mauricio Mondaca

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, aseguró ayer que "no me siento debilitado como canciller" luego de la controversia que se generó por la decisión del país de no adherir al Pacto Migratorio de las Naciones Unidas.

La decisión adoptada por el Gobierno, anunciada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y no por la Cancillería, provocó críticas a la posición del titular de RR.EE.

El secretario de Estado indicó a T13 Radio que "yo no me siento debilitado como canciller, mi planteamiento de ayer (lunes) fue muy claro: salí el día que habíamos decidido salir a plantearlo, el Presidente después salió en la tarde respaldando y demostrando que lo que habíamos hecho era lo correcto".

Ampuero se defendió señalando que su actuación en este tema, al salir públicamente a marcar su punto después del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se debe al "estilo de Cancillería". "Hay de pronto mucha ansiedad porque todo el mundo quiere comentar sobre política exterior, la gente tiene un ritmo, Cancillería siempre es más reposada en esto, lo importante es colocar a Chile en el centro y sus intereses en el centro", explicó.

Opinión negativa

Ampuero aclaró que desde un principio tuvo una opinión desfavorable de este pacto y que así se lo planteó al Presidente Piñera.

En esa línea, aseguró que no hay distintas opiniones entre el ministerio del Interior y el que él encabeza, puntualizando que "lo que uno le presenta al Presidente son escenarios posibles; a él le gusta informarse y toma la decisión en base a la información que entregamos. No es que haya una posición de un ministerio y otro, y esto funciona así porque es el Presidente el que dicta la política exterior".

Explicaciones al senado

Ampuero llegó ayer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para detallar ante los parlamentarios la decisión de Chile de no firmar el Pacto Migratorio de la ONU. Ahí reforzó la idea de que "tenemos la instrucción del Presidente Piñera de no firmar ningún compromiso que pueda poner en riesgo los intereses de nuestro país".

Como justificación, señaló que en su demanda marítima, el Gobierno de Bolivia pretendió obligar a Chile a ceder soberanía en base a resoluciones de la OEA que, al igual que el Pacto, no eran vinculantes para el Estado.