Durante la primera gestión alcaldicia de Bahamonde, destituyó al mismo funcionario, por el permiso de edificación otorgado al mall de Puerto Varas. Sin embargo, el profesional apeló a la Contraloría, que determinó que el sumario no se habría realizado de manera correcta. Por ello, en el año 2012, el municipio debió reintegrar en el mismo cargo al cuestionado jefe de la DOM.
Nuevamente, el director de Obras Municipales (DOM) de Puerto Varas, fue separado de su cargo por el alcalde Ramón Bahamonde, quien acusó al funcionario de haber otorgado en forma irregular los permisos de construcción para un minimarket, un local comercial y un conjunto habitacional.
La medida está vigente desde el pasado 30 de octubre, cuando el municipio derivó los antecedentes a la Contraloría Regional, para que se investigue eventuales actos anómalos durante su gestión.
En la actualidad, se desempeña como director subrogante, el arquitecto Javier Soto.
El alcalde Bahamonde explicó que resolvieron suspender a Ricardo Matamala "por irregularidades", como permisos de construcción "que no están dentro del marco del Plan Regulador".
Expuso que "hay construcciones que contravienen el sentimiento de la comunidad. No hay que olvidar que el jefe de Obras debería seguir la voluntad de la comunidad y hacerse eco de las políticas de la administración municipal; o sea, de la alcaldía y del Concejo. Lamentablemente, él corre con colores propios, porque quien lo regula es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo".
Las autorizaciones cuestionadas corresponden al minimarket de un servicentro, a un local de ventas de una cadena nacional y a un conjunto habitacional que se levanta en el sector Puerto Chico.
"En marzo, en plena discusión del Plan Regulador, cuando el sentimiento de Puerto Varas era no crecer en altura más allá de cuatro pisos, él autorizó siete pisos. Podrá haber un grado de legalidad, pero no de identidad. Eso es lo que nos preocupa", dijo Bahamonde.
También, recordó la autorización al mall de Puerto Varas. "Ese edificio iba seis metros hacia el poniente. Había otra alcaldía (Álvaro Berger), y lamentablemente no se escuchó a la comunidad, para no tapar el emblema, que era la iglesia. Y simplemente, se hizo lo contrario. Eso determina las posiciones encontradas con el director de Obras", explicó.
De toda esta situación se dio cuenta al Concejo Municipal, aseguró el alcalde, quien expuso que la suspensión de Matamala se mantendrá hasta conocer el pronunciamiento de la Contraloría Regional.
A su juicio, en esa posición no debería desempeñarse un constructor civil (como el actual director de Obras), sino que "un profesional de primer nivel como un arquitecto o un ingeniero", dada la extensión territorial de esa comuna, cuya población -aseguró- supera los 40 mil habitantes, estimó.
Ala Fiscalía y a la Contraloría, acudió el diputado Fidel Espinoza (PS) y la presidenta regional del Partido Socialista, Nataly Muñoz, para solicitar que se investigue la acusación de cambio de calificaciones de más de 70 organizaciones sociales que postulan a los fondos del 6% en el Gobierno Regional.
Para Espinoza, en este caso se estaría frente a un delito. Además, exhibió documentos en los que se establece el cambio de las notas.
Si bien el intendente Harry Jürgensen ha insistido en que no existe ninguna instrucción ni del nivel regional ni del central al respecto, tanto Espinoza como Muñoz presentaron documentación tendiente a demostrar lo contrario.
Ambos dan cuenta de los correos en los que se menciona este tema y donde se hace una mención clara respecto a que se está frente a un delito.
Espinoza explica que en el caso de la Fiscalía, junto a Muñoz, presentaron una denuncia, de manera de que las investigaciones sean complementarias.
Otro argumento es que, a juicio de Espinoza, esta denuncia permitirá que se persigan los "delitos que nosotros creemos que están asociados a estos hechos".
Es así como explica que entre las diligencias solicitadas a la Fiscalía, está la incautación de todos los computadores. "Tenemos información de que habría muchos más correos electrónicos que involucran a funcionarios y -eventualmente- también a otras autoridades regionales, que habrían pedido apoyos para ciertas iniciativas, para determinadas organizaciones que tenían puntajes inferiores a 5.0, por lo que habían quedado sin financiamiento".
De esta manera -acusa el congresista- organizaciones bien evaluadas quedaban fuera y en su lugar conseguían recursos algunas que no habían conseguido la calificación requerida.
Pero no es lo único que alegan Espinoza y Muñoz y por eso piden que se investigue también lo que pudo suceder con otras entidades a las cuales "le hicieron todo lo que no puede hacer un Gobierno".
Espinoza cree que existe adulteración de instrumento público, así como conflictos de intereses y por lo mismo asegura que se tienen que perseguir delitos que van en la línea del fraude, dado que un fraude al Estado no sólo implica "robar recursos de todos chilenos, también lo es cuando usted favorece a una institución por perjudicar a otra, que ha ganado un concurso público. Lo que aquí hizo el equipo del Gobierno Regional, es dañar uno de los programas más exitosos que han tenido todos los Gobiernos, como lo es el 6%".
En el Gobierno Regional, en tanto, el intendente ha expuesto que se investigarán las denuncias respecto a este tema, ya que no es política gubernamental dañar a una organización por favorecer a otra.