Acusan maltrato y alteraciones calificaciones para perjudicar a organizaciones en el Gore
ASOC. DE FUNCIONARIOS. Desde el Gobierno esperan ser notificados de las denuncias que también realizan desde la oposición.
Dos acusaciones golpean al Gobierno Regional. Una tiene que ver con violencia psicológica y maltrato y la sobre cambios de calificaciones para perjudicar a más de 70 organizaciones sociales.
Ambos reclamos fueron presentados por la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, así como por personeros de la oposición como el diputado Fidel Espinoza (PS), la presidenta regional de esta tienda, Nataly Muñoz, y el presidente regional del PPD, Jorge Muñoz.
Rossana Mora, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gore, identifica como responsables a la jefa del Departamento de Inversiones Complementarias, y a René Uribe, jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional.
En su relato, expone que desde abril se ha ejercido malos tratos a los trabajadores, al nivel de que hay cinco personas con licencia psiquiátrica, las que tienen que ver con asuntos laborales.
Acusan jornadas de trabajo extensas, de hasta 17 horas, y trabajar los fines de semana. Por eso hicieron gestiones con el intendente y esta denuncia de maltrato la llevaron a la Contraloría.
Pero no es lo único, dado que hace muy poco los trabajadores que denuncian haber sido acosados se vieron obligados a defraudar las evaluaciones del fondo del 6%. "Se les obligó a que aquellas organizaciones que postularon a estos fondos, que habían recibido puntaje para acceder a financiamiento se le ordenó que se les bajara el puntaje", anotan.
De acuerdo a la documentación que Mora maneja, se les "obligó bajo amenaza de que si no lo hacía debían 'atenerse a las consecuencias' ".
Acusa que la orden provino de subjefatura y eso -destaca- está documentado a través de correo electrónico. Y por eso todas estas organizaciones dejaron de estar disponibles para un posible financiamiento. "No sólo apremiaron a los trabajadores, sino que además defraudaron al Consejo Regional y a las organizaciones", dicen.
René Uribe respondió las incriminaciones. Según dice, le llaman "profundamente la atención las acusaciones que están realizando y que recién presentarán en cinco días más, es decir el próximo viernes, a Contraloría y Juzgado de Garantía".
Dice que tampoco se puede referir en detalle a denuncias "que aún no me han sido notificadas por los canales oficiales que según ellos denunciarán".
Asimismo, "me llama aún más la atención que la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Rossana Mora, que también ha dado declaraciones por los medios de comunicación, no me haya informado de esta situación que me afecta, en circunstancias de que yo soy socio fundador y ex presidente de la Asociación que hoy ella preside. Por lo pronto, esperaré que me notifiquen los canales oficiales para referirme a este tema".
Grave
Estas acusaciones fueron compartidas por el diputado Fidel Espinoza (PS) y por la presidenta regional de esta tienda, Nataly Muñoz, quienes abordaron ayer ambos temas.
Muñoz coincide con Mora en su acusación y apunta que serían unas 77 las organizaciones afectadas, con las que han mantenido contacto. Pero no es lo único, dado que también tienen antecedentes respecto a la vulneración de los derechos laborales. "Los maltratos han sido persistentes y bastante agudos. También es grave lo de los fondos y adjudicación y tiene que ver con la fe pública".
Muñoz denuncia que hubo organizaciones que obtuvieron un 6,7 como nota; pero se las bajaron a menos de un 5.0, porque esto se traduce en que quedan sin financiamiento por nota.
¿Lo grave? Según la personera es que se afectó a toda clase de entidades, como deportivas o de juntas de vecinos; pero -además- a comunidades indígenas que postulaban, por ejemplo, a proyectos de agua, donde el déficit hídrico es grave. "Oficiamos, mediante una carta, al Presidente Sebastián Piñera porque esto daña la imagen del Gobierno Regional y deja la duda de en cuántos fondos más se está haciendo lo mismo. No sabemos si es una medida adoptada a nivel nacional".
Junto con ir a Contraloría, están estudiando otras acciones legales, pero llaman al intendente Harry Jürgensen a que "dé la cara, ya que unas funcionarias no se pondrían de acuerdo para bajar las notas, claramente hay instrucciones de mucho más arriba".
En la misma línea, el presidente regional del Partido por la Democracia, Jorge Muñoz, califica de sumamente graves estas acusaciones, las que -según dice- constituyen un delito. "No pueden los trabajadores, por intermedio de presiones, bajar o subir proyectos y al antojo de los diputados, intendente o autoridades políticas de turno".
Al igual que la presidenta regional del PS, llama al intendente a dar respuesta a estas acusaciones y las acciones tendientes a esclarecer lo que está ocurriendo. "Queremos saber si estas serán las políticas que aplicará el Gobierno para adelante, donde sacarán todos los recursos para potenciar a sus futuros candidatos a alcaldes, concejales, diputados o senadores, tal cual se los dijo el senador (Iván) Moreira, quien ya denunció a algunos personeros", zanjó Muñoz.