La Guardia Civil española desarticuló ayer, con el arresto de sus 11 integrantes, una de las bandas de asaltos a viviendas habitadas más activas de ese país, la que era liderada por chilenos. La mayoría de los integrantes de la agrupación delictual eran de nacionalidad chilena, según consignó la agencia de noticias EFE, a quienes se les imputan más de 40 robos en España y en otros países europeos como Francia e Italia.

Así, siete de los 11 detenidos son chilenos, quienes delinquían junto a dos colombianos, un marroquí y una española. Todos integraban una agrupación conocida como "Lanzas Internacionales", que actuaba de manera itinerante por toda Europa, informó ayer la Guardia Civil . El cuerpo de seguridad español resaltó la colaboración con las autoridades chilenas, gracias a las que se consiguió averiguar la identidad real de los detenidos, ya que algunos, pese a que habían sido identificados en Francia e Italia, siempre portaban documentación falsa. En la operación, desarrollada en Madrid, los agentes recuperaron cientos de piezas de joyería y aparatos electrónicos, dos pistolas simuladas y gran variedad de herramientas para cometer los robos.

La investigación comenzó en abril pasado, al detectarse un considerable aumento de este tipo de robos a domicilios ocupados en provincias españolas como Madrid y Segovia (centro). Todos los asaltos que ocurrieron en esas ciudades coincidían con la actividad propia de los llamados "Lanzas Chilenos", especializados en el robo de viviendas habitadas. Los integrantes del grupo tenían un arraigo mínimo en España, ya que residían temporalmente en el país o se desplazaban específicamente para llevar a cabo "una intensa campaña de robos y regresar de nuevo a su país".según los antecedentes consignados por la agencia mencionada, los detenidos solían residir en departamentos ocupados ilegalmente, que una de las integrantes del grupo, de origen español, buscaba y ofrecía al resto de miembros.

En el caso de las joyas robadas, el grupo las enviaba a Chile ocultas en maletas, por vía aérea, aunque buena parte de éstas también las entregaban en un establecimiento de compraventa de oro de Madrid, sin ningún tipo de registro ni control administrativo. Los aparatos electrónicos, en tanto, eran recibidos por una persona de nacionalidad marroquí que se hacía cargo de la mayoría de ellos y que, posteriormente, vendía.

Carolina Collins

Con satisfacción reaccionó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, tras conocer la sentencia contra los dos chilenos detenidos en Malasia, quienes fueron condenados a dos años de prisión tras aceptar el cargo de homicidio culposo.

Esto, luego de que la defensa del ingeniero Felipe Osiadacz (27) y el cocinero Fernando Candia (30) aceptara el acuerdo ofrecido por la fiscalía de ese país que les permitirá salir de la cárcel en un breve plazo, ya que se les descontarán los 15 meses que ya llevan en prisión preventiva.

"Se desarrolla en una dirección más positiva, nos deja más tranquilos, nos da una cierta tranquilidad", comentó el canciller a radio ADN tras la resolución, a la que se llegó tras meses de audiencias en la High Court de Kuala Lumpur.

Ampuero destacó que "durante todo el proceso nuestro consulado ha estado permanentemente junto a los chilenos y seguimos estando en contacto con ellos".

Osiadacz y Candia fueron juzgados por la muerte de Yusaini Bin Ishak en un incidente ocurrido en las afueras del hotel donde ambos se hospedaban mientras estaban de vacaciones en el país del Sudeste asiático.

Aunque ambos aseguraron que actuaron en defensa propia, en un principio la situación era poco auspiciosa para los chilenos, que originalmente fueron imputados por el cargo de homicidio en primer grado, que en Malasia se castiga con la pena de muerte.

Hace un mes, la fiscalía ofreció recalificar el delito como homicidio culposo, con una pena de seis años, lo que la defensa rechazó. Así vino la propuesta conocida el martes, que finalmente fue aceptada.

El juez del tribunal de Kuala Lumpur estimó los atenuantes esgrimidos por la defensa, que señaló que los chilenos respondieron a la agresión de la víctima, que no tenían antecedentes y que mostraron su arrepentimiento y habían pedido perdón a los familiares del fallecido. También destacó que tanto la defensa como la fiscalía coincidieron en que no hubo intención de causar la muerte y que los dos acusados fueron "víctimas de las circunstancias".

La pena fue rebajada en un tercio por buena conducta y días festivos pasados en prisión provisional, lo que permitirá que Osiadacz y Candia, que llevan 15 meses presos, salgan en libertad en las próximas semanas. "Saldrán de forma inminenTE. Como muy tarde el 4 de diciembre, pero lo más probable es que sea antes", dijo la abogada Venkateswari Alagendra.

A los 85 años falleció ayer, en las dependencias del Hospital Militar, en Santiago, el ex agente de la DINA Carlos López Tapia, quien cumplía condena por delitos de lesa humanidad en el penal Punta Peuco y había suspendido su tratamiento para el cáncer que lo afectaba luego de que el Gobierno le negara el indulto que había solicitado.

El coronel (R) estaba sentenciado a 87 años de prisión como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados en los casos de la llamada Caravana de la Muerte y por desapariciones forzadas en Villa Grimaldi, centro de detención y tortura durante el régimen militar del que fue director en 1976.

López falleció en el Hospital Militar de Santiago, donde se encontraba ingresado desde agosto a causa del cáncer terminal que padecía.

El pasado 6 de noviembre, cuando fue informado de que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera le había negado el indulto humanitario que había solicitado con el objeto de morir en casa junto a su familia, decidió negarse a seguir recibiendo el tratamiento contra el cáncer.

Crítica al gobierno

En un comunicado, el abogado Raúl Meza, defensor de López y de otros agentes condenados por crímenes de lesa humanidad, criticó al Gobierno por no atender "las razones estrictamente humanitarias" de su representado.

"Denunciamos la indolencia y la falta de humanidad extrema que ha tenido este Gobierno, particularmente el Presidente (Sebastián) Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín", afirmó Meza en un comunicado. Agregó que observó "con desencanto y desesperanza" las razones jurídicas y psicológicas invocadas por el Gobierno para negar el indulto.

Meza dijo al Presidente en el texto que, con la muerte de Carlos López, "van 9 militares que cumplían condena en Punta Peuco y Colina 1 muertos en sus casi nueve meses de Gobierno".

"Ya es tiempo de exigirle a este Gobierno los compromisos que se asumieron por el Presidente Piñera en su programa de Gobierno durante la campaña presidencial, los que aún no se han cumplido", dijo.