Vicente Pereira Parra
A los concejales nada de bien les cayó lo sucedido el viernes, luego que el municipio clausurase el estacionamiento de Pasmar, ubicado en la Costanera de Puerto Montt.
Al margen de lo que pudo suceder después, el que ese mismo día, la empresa optara por habilitar el recinto, en circunstancia de que el municipio había instalado los sellos de clausura en el acceso, es algo que fue condenado por los ediles.
Héctor Ulloa, quien ayer presidió la sesión del Concejo Municipal, expone que se tiene que cumplir con la normativa, más allá de la existencia de discrepancias respecto de la formas, de los tiempos, el Estado de Derecho y "si nuestra normativa funciona me parece que es un paso adelante".
Para el edil, lo que tiene que ser objeto de preocupación es cuando los espacios públicos no se rigen por la Ley.
Para Ulloa, en estos casos, las instituciones tienen que funcionar, sobre todo en situaciones que no dependen del municipio, dado que hay juzgados o tribunales que son los que tienen que resolver un problema entre un privado y el municipio.
Falta de respeto
En la misma línea, el concejal Fernando Orellana (RN) califica de "falta de respecto para todos los puertomontinos el que horas después de la clausura se sacasen los sellos .
"La Municipalidad representa a todos los puertomontinos, a través de las votaciones de distintas tendencias y cuando se está frente a un comportamiento reiterativo, me parece una falta de respeto hacia la ciudadanía", expone.
Para Orellana, un privado puede ser infraccionado en un momento "porque se equivocó; pero esto es un comportamiento deliberado y por eso estoy de acuerdo con que se tomen medidas más fuertes o que se pida disculpas, porque no está bien, no es un buen actuar. Espero que la Municipalidad tome esas acciones".
Esto, porque, a su juicio, de no ser así, significaría que cualquier persona, empresario, que tengan los suficientes fondos puede "transgredir la ley, lo que no es así, porque Puerto Montt es la capital regional y yo velará porque todos cumplan la ley".
Para Orellana, del mismo modo en que piden que no exista el comercio ambulante que no tiene falencias legales, el empresario grande tiene que cumplir las normas.
Mientras que Juan Carlos Cuitiño expone que esta situación responde a unos "enredos judiciales que se acostumbran realizar para poder mantener su objetivo. Ahora, ellos argumentan que se trata de aparcaderos para funcionarios... Se debe esperar el dictamen judicial".