El porte ilegal de armas de fuego o tenencia de municiones, es un delito cuya pena es de cumplimiento efectivo. El fiscal que alegó en el tribunal de alzada, Julio Martínez, dijo que se logró acreditar el delito. "Entendemos que de alguna forma existe por lo menos una medida cautelar, que va a asegurar la comparecencia de esta persona y resguardar la seguridad de la sociedad", aseveró.
El juez de Garantía, Juan Carlos Orellana, rechazó la prisión preventiva de un imputado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, en un procedimiento llevado a efecto por la PDI en Cochamó y que era indagado desde septiembre del año pasado, tras una denuncia realizada a través de la línea 600, llamada "denuncia seguro".
Tras la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, el magistrado Orellana declaró ilegal la detención del imputado, porque la denuncia no se ajustaba a la normativa dispuesta en el Código Procesal Penal.
Producto de ello tampoco acogió la medida cautelar de arresto domiciliario total solicitada por el fiscal Patricio Llancamán, por lo que el persecutor determinó recurrir a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El imputado, al ser detenido, portaba un revólver y 662 municiones calibre 22, todo ello sin ningún tipo de permiso.
La denuncia, que el detenido del sector de Llaguepe en Cochamó mantenía armamento y municiones, se hizo a través del fono llamado "denuncia seguro" del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Para el fiscal Patricio Llancamán, se trata de un servicio para denunciar que es válido, implementado por el Estado.
El persecutor explicó que la alerta llegó en forma responsable por la abogada del Ministerio del Interior.
"La denuncia la hace un funcionario público, que en el ejercicio de su cargo está obligado a dar cuenta de los hechos que conocieron y que pudiesen revestir carácter de delito. En Chile, existen funcionarios públicos que están obligados a denunciar, entre ellos carabineros y la PDI", adujo Llancamán.
Tras los alegatos en la Corte de Apelaciones, la ministra Ivonne Avendaño, la fiscal suplente, María Lertora, y el abogado integrante Pedro Campos, fallaron por el arresto domiciliario total del imputado, arraigo nacional y prohibición de mantener armas de fuego o municiones.
De acuerdo a la defensora penal pública, abogada Macarena Agüero, se logró sustituir una cautelar gravosa como es la prisión preventiva. "Se pudo revertir por otras tres medidas cautelares, pero entendiendo que la ley de control de armas tiene un marco rígido y ordena pena de carácter efectivo. Conforme con la resolución del tribunal y esperemos que a base de la declaración ilegal de la detención, podamos no llegar a puerto con esta causa".
La importancia que tiene la responsabilidad penal juvenil en el sistema judicial actual y los diversos delitos que se pueden prevenir, es lo que conocieron los estudiantes de Frutillar en las exposiciones que se realizaron en el marco de la llamada plaza de la justicia.
La actividad llevada adelante por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, se realizó en el Liceo Industrial Chileno Alemán.
La plaza de la justicia contó con la participación de diversas instituciones públicas, como la Defensoría Penal Pública, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Médico Legal (SML).
Fue la psicóloga del SML Carmen Soto, quien expuso a los profesores y funcionarios de la educación de Frutillar, la forma de pesquisar los delitos que afectan a los menores.
El seremi de Justicia, Alex Meeder, manifestó su conformidad al ver el interés que tuvo la directora y los pedagogos del liceo industrial, quienes escucharon a la psicóloga del SML en una temática tan relevante para la sociedad.
"Con la calidad de la exposición de la psicóloga y las preguntas de los docentes en materia de abuso sexual, quedé muy conforme en cómo estamos impartiendo las plazas de justicia en la región. Tanto la directora como los docentes nos agradecieron el despliegue del equipo profesional en cinco áreas de interés social", dijo.
Meeder destacó también la invitación que hizo Gendarmería de Chile a los estudiantes, para ingresar a la Escuela Superior de Oficiales, así como la entrada a la Escuela de Suboficiales de la institución.
La autoridad describió además el trabajo que hizo el móvil del Registro Civil, para renovar cédulas de identidad; la importancia de la charla de la Defensoría Penal Pública, que expuso acerca de la responsabilidad que tienen los jóvenes al cumplir los 14 años de edad; más precaución en la participación en hechos que puedan revestir carácter de ilícitos, como es una riña surgida la salida de una discoteca, entre otros casos.
Más vigilancia marítima en la zona costera de Calbuco pidieron los mitilicultores a la gobernadora Leticia Oyarce, en una reunión que sostuvieron para analizar las distintas dificultades a la que se ha visto enfrentado el sector en la zona.
La gobernadora manifestó que en esta instancia de diálogo, los dirigentes de esta importante actividad económica han manifestado su preocupación por el tema de seguridad, en especial de la protección de sus cultivos y del equipamiento marítimo con la que cuentan en sus instalaciones.
"Nuestro compromiso es realizar las gestiones y poder apoyarlos en los distintos requerimientos, que tienen tanto a nivel municipal como en la Capitanía de Puerto", indicó.
Para el presidente de la Asociación Mitilicultores, Jorge Morales, resulta necesario contar con una lancha patrullera, ejemplificando que una embarcación se puede ubicar a 300 metros del cultivo, pero en el fondo del mar se encuentra un buzo que está robando los productos.
"En la noche los barcos que van a otros lugares, te roban los motores y no son baratos, ya que los valores van entre 5 a 6 millones de pesos, y las embarcaciones tienen un costo de 4 millones de pesos", explicó el dirigente, quien refuerza la idea de contar con este recurso logístico, que sea más rápido y efectivo para la detención de los involucrados en estos hechos.
Insistió que esta medida también ayudará como barrera sanitaria, "porque en el período de Marea Roja muchas lanchas provienen de lugares que están afectados de esta toxina y traen sus productos y lo ingresan a Calbuco, esperando que se limpie", argumentó.
En tanto, el capitán de Puerto de Calbuco, teniente Alfredo Acevedo, sostuvo que la vigilancia es permanente de acuerdo a los medios con los que cuenta la autoridad marítima: "Estamos patrullando en horario diurno como nocturno en los distintos sectores de la jurisdicción, para prevenir estos hechos ilícitos".