Matías Jullian V. /EFE
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó ayer a todos los países a que pongan más énfasis en el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de aquellas personas que sufran de drogadicción, en lugar de centrarse únicamente en la prevención.
Este nuevo enfoque en la lucha contra la adicción propone un cambio de paradigma, ya que siempre se ha hecho más énfasis en la prevención. Sin embargo, según advierte el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado en Viena, apenas una de seis personas drogadictas tiene acceso a programas de tratamiento en estos momentos. Además, en caso de existir programas, éstos son muchas veces de mala calidad y no cumplen con los estándares internacionales, destaca la JIFE, el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas.
Los expertos de la junta denunciaron que los grupos sociales más vulnerables y socialmente marginados, como refugiados e inmigrantes, no suelen tener acceso a servicios de tratamiento.
"derecho a la salud"
El presidente de la JIFE, Viroj Sumyai, enfatizó que "es crucial que los Gobiernos protejan y mejoren los derechos de todas las personas con trastornos debido al uso de drogas".
"Bajo las convenciones internacionales de control de drogas, todos los países deben tomar todas las medidas practicables para la prevención del uso de sustancias (prohibidas)", agregó. Esto incluye la "identificación temprana, el tratamiento, la educación, la rehabilitación y la reintegración social de los afectados".
En ese sentido, la JIFE considera que el acceso a tratamiento contra la dependencia de drogas es un "elemento del derecho a la salud" de cualquier persona, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
La JIFE insta en su informe a todos los países a asegurar que las medidas para controlar el uso de las drogas cumplan plenamente los estándares y las normas de derechos humanos, lo que supone una "respuesta proporcional" a los delitos relacionados con las drogas. Es decir, la ONU advierte de que la pena de muerte o las ejecuciones extrajudiciales no deberían aplicarse como penas a la narcodelincuencia.
Cannabis
Con respecto al uso de cannabis, el organismo exigió a los países en los que se permite utilizarla con fines médicos establecer mecanismos para evitar su desviación para otros usos. Mirando específicamente a Sudamérica y a las crecientes tendencias para liberalizar el uso médico y recreativo de la marihuana, advirtió de la reducción de "la percepción de los riesgos" que conlleva el consumo de esa droga.
Según la JIFE, los países en los que el uso médico o terapéutico está permitido, como España, Austria, Bélgica, Canadá, Israel, Italia, Noruega, Holanda, Suecia o Suiza, deben establecer "marcos legislativos y regulatorios eficaces" para un "uso racional".
Si bien la Junta reconoce que la Convención de 1961 prevé una aplicación médica del cannabis, también recuerda que forma parte del grupo de sustancias sometidas a "medidas de control más estrictas", ya que se considera que tienen propiedades especialmente peligrosas. Por lo mismo, "la Junta exhorta a los Gobiernos que permiten el uso del cannabis con fines médicos a que garanticen que el cannabis sea recetado por profesionales médicos competentes, según con la buena práctica médica y sobre la base de pruebas científicas sólidas", señaló el organismo en su informe.
Tendencia en chile
Con respecto a la tendencia que países sudamericanos como Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de liberalizar el uso médico y recreativo de la marihuana, que ha impulsado al alza la disponibilidad de cannabis en la región, la ONU aseguró que este fenómeno "reduce la percepción de los riesgos asociados a su consumo".
El caso uruguayo
En cuanto a Uruguay, donde en julio de 2017 comenzó la venta de marihuana para uso recreativo en farmacias, la junta espera que el Gobierno uruguayo le haga llegar "en un futuro cercano" una evaluación sobre las consecuencias que la liberalización de la marihuana tiene en la salud pública.
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