Erwin Schnaidt Ávila
En pleno proceso de participación ciudadana, sigue el análisis de la propuesta para el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Puerto Varas.
Para que esté terminado y aprobado ese instrumento de planificación territorial, deberán pasar unos cuantos meses, lo que excede el tiempo legal de la decisión de congelamiento de los permisos de edificación que impulsó el municipio.
"Al iniciar este período, lo primero que hicimos, ante el libertinaje existente de construcciones, con un crecimiento desorbitado y desordenado de la ciudad, fue solicitar al Ministerio de la Vivienda suspender los permisos de construcción", argumentó el alcalde Ramón Bahamonde.
Pero, como esa decisión administrativa tiene fin, a partir del 17 de enero de 2018, la Dirección de Obras Municipales (DOM) no tendrá objeciones para tramitar esas solicitudes, situación que expertos advierten que podría derivar en que terminen por ocuparse zonas que podrían estar protegidas en el futuro PRC, lo que obligaría a replantear ese documento para hacerlo convivir con las construcciones que se levanten hasta antes de su entrada en vigencia.
"Nosotros sabemos que estamos en una encrucijada. Hoy tenemos 16 (solicitudes ingresadas a la DOM). Responderemos ante la ley, porque no nos queda otro argumento", expuso Ramón Bahamonde, alcalde de Puerto Varas.
"Hemos hecho todo lo que hemos tenido a la mano, pero ni la consultora (a cargo de elaborar el PRC), ni los tiempos de estudio, nos han permitido tener un Plan Regulador que nos permita seguridad en lo que la gente desea y lo que la historia de Puerto Varas se merece", especificó.
Asegura que han hecho un estudio de argumentos a utilizar, pero no los han encontrado. Tampoco "podemos poner una moratoria municipal, porque iría contra la ley y me podrían acusar de notable abandono de deberes", planteó.
Sin defensa
Bahamonde parece tener mil ideas en su cabeza respecto de este tema y las va lanzando conforme van surgiendo.
Es así como también quiso dejar establecido que desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha recibido su respaldo y apoyo.
Y por eso especificó que no todos los empresarios que hoy están a la espera de construir en esa ciudad lacustre, pertenecen a ese gremio. "Es un 50% de ellos", estimó.
De igual manera, anticipa que con la otra mitad "podemos encontrarnos con empresarios absolutamente indolentes ante la necesidad de salvar a Puerto Varas, versus sus intereses personales".
Ante eso, subrayó, "no hay nada que nos defienda. Esto demuestra las malas leyes que ha impulsado el Estado, al no entregarnos argumentos propios para defendernos".
Una forma de intentar postergar las decisiones de comenzar proyectos inmobiliarios, es acercarse a esas empresas para influir en ello.
"Vamos a hacer todo para apelar a la buena voluntad y buenas intenciones, para evitar el daño que se le podría provocar a Puerto Varas", dijo.
Un plan "b"
Desechada la posibilidad de apelar a la normativa, Bahamonde está ideando una especie de Plan "B", que haga postergar el comienzo de esos trabajos de edificación.
"Reglamentariamente, también podríamos imponer normas, como establecer el número de estacionamientos para un determinado proyecto de departamentos", reveló.
A modo de ejemplo, especificó que si se quiere construir un edificio de 100 departamentos, la ley exige no más de un 30% de estacionamientos.
Y ahí podría jugar esa carta. "Nosotros podríamos exigir 200, porque ¿quién no sabe que en este país hay al menos un vehículo por cada familia? O sea, ¡dónde los estacionan! El Estado no puede hacerse cargo de permitir el estacionamiento en las calles. Es una norma que podemos imponer, como reglamento interno. Vamos a tener que tomar una norma reglamentaria ante esta situación, para tomar decisiones que vayan en beneficio de lo que consideramos importante defender".
Bahamonde insiste en que "esa es nuestra posición, absolutamente neutra ante la ley. Pero bien observante en la defensa de los derechos de los verdaderos puertovarinos, que han hecho el esfuerzo de tener la ciudad que hoy tenemos, que ha sido usufructuada, cuya plusvalía ha sido el negocio de muchos, en contra de los intereses de una mayoría que quiere vivir en un ambiente protegido y natural".
Fecha probable
La definición del nuevo PRC es clave en esta materia. Sin embargo, ni el mismo Bahamonde tiene claridad sobre la fecha en que podría comenzar a hacerse efectiva esa herramienta.
"Yo creo que antes de seis meses no hay solución definitiva. Algunos más optimistas hablan de marzo o abril. Yo creo que antes de seis meses no vamos a tener una propuesta", manifestó.
El jefe edilicio lacustre sustenta ese plazo en los tiempos que demandarán nuevas definiciones, ante todos los elementos que concurren a la conformación del nuevo PRC.
A la discusión por privilegiar más áreas verdes, sumó que "tenemos un Plan Regulador de aproximadamente 540 hectáreas autorizadas. Pero, hoy tenemos más de mil hectáreas que son dominadas por parceleros, que han rodeado el entorno de la postal de Puerto Varas, donde no se ha permitido la comunicación entre una parcela y otra. Aquí hay pseudos feudos de carácter habitacional, que tampoco tienen el saneamiento de aguas servidas, como lo determina un Plan Regulador".
Anticipa que si no se llega a una buena solución vial e interparcelas, el crecimiento de la ciudad deberá ir por el aumento de la actual densidad habitacional. "Se ha dicho que lo autorizado y reconocido puede dar una capacidad para 180 mil habitantes. Y nosotros en la ciudad tenemos 30 mil. Hay temas que todavía no se han discutido, porque no han estado en el eje de gente que tenga técnicamente los conocimientos y calificar el buen manejo de arterias, para la mejor disposición de un crecimiento armónico de la ciudad".
Bahamonde es transparente en sus conceptos y su preocupación por el futuro de la ciudad es evidente. "No estamos trabajando para intereses de personas, sino para intereses integrales, de conservar las tradiciones y la cultura de un pueblo que marca una diferencia de desarrollo a nivel regional y nacional. Y en ello, no vamos a cambiar nuestra actitud".
