En Chile se ha instalado hace un tiempo la idea y el discurso de que se vive "en un mundo al revés", expresión que grafica y resume la condición -irritante para la mayoría de los vecinos- de tener que soportar situaciones fuera de toda lógica y que benefician a quienes cometen actos contrarios al interés público y al bien común.
Por ejemplo: carabineros asaltados, personas irresponsables que pese a sus faltas no son sancionadas o lo son con castigos irrisorios, delincuentes que mandan en las calles o pacientes que mueren esperando atención de salud. O, al revés, casos de policías perseguidos por cumplir su deber o gente honesta que vive temerosa enjaulada en sus casas.
Podría abundarse en casos similares. Mas, parece pertinente destacar un hecho no menor ocurrido sin estruendos en 2015 y que hoy tiene sus primeros efectos. Se trata de la denuncia y querella presentadas ante la fiscalía por el municipio y autoridades de la Educación Municipal, que ante la eventual ocurrencia de delitos en el manejo de recursos de un programa que se gestionaba en ese departamento, obraron en consecuencia para establecer responsabilidades. Así, las diligencias de la PDI apuntan hoy a verificar obras de mejoramiento en planteles educacionales, con fondos del orden de $700 millones, de los que se indaga el destino de $130 millones.
La denuncia a veces abre impresiones que pudieran no ser gratas, debido a que en ocasiones circulan a través de opiniones poco informadas y que a menudo fácilmente caen en la destemplanza.
Sin embargo, y considerando el inapreciable valor que adquiere la educación en Chile, la preocupación que despierta en el país y, sobre todo, porque es la plataforma de tantos sueños, esperanzas y futuro para millones de niños y sus familias, corresponde -en este caso- resaltar el camino escogido con diligencia y honradez por las autoridades locales. Que es lo que la ciudadanía espera de sus representantes: honrar la confianza y la fe públicas, más todavía cuando están en riesgo dineros del país y de todos los chilenos.