La Iglesia Católica, celebró en la eucaristía de ayer, el Día del Migrante; ocasión en la cual, puso el foco en que los niños tengan una infancia inclusiva, segura y feliz. Hace un par de semanas, el Colegio Chileno-Norteamericano -donde el 25% de su matrícula son de origen migrante- realizó un seminario sobre el particular, y de alguna manera, con acciones como éstas, se denota la preocupación que existe por facilitar el proceso de inclusión de los niños que por diversas circunstancias han llegado a vivir a nuestro país. Sin embargo, paralelamente, surgen diversas informaciones que dan cuenta de una realidad oculta y abusiva en contra de esta población.

Ayer por ejemplo, conocimos cómo se han vendido más de 6 mil contratos falsos a los migrantes, quienes pagan $50 mil por dicho documento, con el fin de obtener una visa. La red opera desde hace unos años, y de seguro sólo representa una parte del mercado informal que funciona en torno a los migrantes. De hecho, diversas fundaciones y organizaciones que trabajan con los migrantes, dan cuenta de prácticas claramente condenables, como el dar trabajo a migrantes a cambio de techo y comida, sin sueldo por medio; o arriendos de piezas en el centro de Santiago, compartidas y en literas, que atentan contra la dignidad de cualquier persona.

Por todo lo anterior, o en rigor por la demora por parte del Ejecutivo en la tramitación del proyecto que modifica la Ley de Migraciones, el ministro del Interior Mario Fernández, será interpelado mañana martes, por la Cámara de Diputados; acción política que ha apurado el tranco del Gobierno a este respecto, pero que claramente aún es insuficiente, para una realidad que supera el espíritu de cualquier legislación.

En este tema como en otros, queda en evidencia que los fenómenos sociales van mucho más rápido que los cambios burocráticos que logren hacer los Estados. Por lo mismo, es de vital importancia que junto con que los procesos administrativos como los descritos avancen a una velocidad mayor que la acostumbrada, es imprescindible que la sociedad civil se haga cargo de esta realidad, y le brinde una integración real y digna, a todos quienes hoy viven en Chile, y no sólo a los chilenos.

De hecho, ya hay organismo del Estado que está impulsando un cambio en aquel sentido, como es el BancoEstado, que dejará de ser el "banco de todos los chilenos", para ser el "banco de todos quienes viven en Chile".

Nadie de La Moneda dice nada. Nadie de las esferas gubernamentales siquiera aborda el tema que en menos de 15 días se quemaron 47 camiones en atentados incendiarios, más que los destruidos durante toda la administración del Presidente Sebastián Piñera. Hasta ahora la técnica del avestruz, de esconder la cabeza, parece ser la estrategia del Ejecutivo frente al terrorismo en el sur de Chile.

Los gremios del transporte ya hablaron. Hicieron su petitorio, colocaron un plazo anunciando una movilización, pero la solicitud se transformó en un monólogo. La Moneda sencillamente no está interesada en el tema. Su foco está en mantener a como dé lugar su agenda legislativa, que beneficia a algunas minorías… problemas como la seguridad pública que afectan a millones de chilenos y la violencia extremista que sufren a los transportistas del sur no es parte del programa de Gobierno.

Esta situación sin duda genera tensión e incertidumbre. Los chilenos saben que un paro del gremio del transporte trae complicaciones a la logística familiar, pero las autoridades no dan señales para evitar la situación, que no tiene su origen en un capricho gremial, sino que en una seguridad que el Estado no ha sido capaz de entregar en el sur frente a una escalada terrorista que ha llegado a sus niveles máximos los últimos días.

La actitud de Sebastián Piñera ha sido diferente. No ha tenido temor para calificar como terrorismo lo que ocurre en La Araucanía, y ha entregado una propuesta de combatir esta problemática "no sólo con los músculos", sino que también con inteligencia, mediante la creación de un consejo nacional en este ámbito, que incluya a especialistas de las policías y las Fuerzas Armadas, para combatir tanto a los grupos extremistas como al crimen organizado. La propuesta de la carta presidencial de Chile Vamos contrasta con la inacción del actual Gobierno, que no solo no le ha respondido a los camioneros por los ataques, sino que tampoco ha priorizado las modificaciones a la Ley Antiterrorista que duerme en el Congreso y que entregaría herramientas para combatir los atentados.

Jaime Brahm,

ex intendente Región de Los Lagos.