Fiscalía sobre "caso Haeger"
En relación a la información publicada por El Llanquihue en la edición de este martes 29 de agosto y que titula "Fiscalía deja abierta tesis de robo con homicidio en inicio de juicio", es necesario hacer presente que dicha afirmación no es efectiva, desde que no se condice con la acusación formulada por la Fiscalía ni con lo sostenido por el fiscal Naín Lamas Caamaño en la audiencia de juicio oral que comenzó el día de ayer.
Desde la perspectiva del ente persecutor, los hechos corresponden a un delito de parricidio (femicidio después de la modificación legal) respecto del Sr. Jaime Anguita, y de homicidio calificado respecto del Sr. José Pérez. Dicha imputación sostenida en la acusación fue reafirmada en audiencia. Asumir las pretensiones o posiciones de alguna(s) defensa(s) como propias del medio, ya en el primer día de un extenso juicio oral, y sobre todo explicarlas como si éstas fueran propias de la Fiscalía, no se condice con lo sucedido en estrados y contribuyen a desinformar a la comunidad.
Aludiendo a las máximas de un periodismo responsable, solicito a Ud. publicar esta aclaración y solicitarle que en lo sucesivo se tenga una más rigurosa observancia en la transmisión de los contenidos de este juicio que, dicho sea de paso, no debe ser entendido como un espectáculo, en respeto a doña Viviana Haeger, sus hijas, familiares, amigos y todos los intervinientes en este caso.
Marcos Emilfork Konow, fiscal regional, Fiscalía Regional de Los Lagos
Ley Lafkenche
Como Gremio de la Marina Mercante Sur Austral nos preocupa la solicitud del lonko Eric Vargas, relacionada a la recuperación de espacios ancestrales en todo el litoral de las comunas de Puerto Montt, Calbuco y Cochamó, como indica en dos ediciones de este mes el Diario El Llanquihue, bajo la denominada Ley Lafkenche.
Para nuestra asociación, no solo es llamativa la magnitud de la petición, en una zona donde existen distintos actores que cohabitan y producen, sino que esta solicitud nos cuestiona el efecto que podría alcanzar una normativa que podría frenar la actividad del borde costero donde por años se han generado actividades como la pesca, la conectividad territorial nacional, la acuicultura, el turismo o el destino portuario que da origen al nombre de la ciudad capital de la región, incluso sin ir más lejos, el mismo Puerto Montt se fundó sobre lo que se denominaba "Astilleros de Melipulli".
Como gremio no estamos en contra del espíritu de la norma, pero nos preocupa cómo va operar ésta en la práctica y cuánto tiempo tardarán los plazos de tramitación que conlleva. Esperamos que se pueda resolver este tema desde una mirada integral, con el fin de que finalmente se ordene en la Región de Los Lagos el uso del borde costero, como ha ocurrido en otras regiones del país.
Desde nuestra asociación tenemos una mirada portuaria distinta a la emitida por Empormontt que se publicó en vuestra edición del 27 de agosto. Empormontt indica que no existe impacto frente a la petición de Vargas, esto ocurre porque las empresas portuarias públicas están en zonas designadas, a diferencia de las empresas portuarias privadas que si requieren solicitar concesiones a la Autoridad Marítima, con todo lo que conlleva la tramitación requerida para obtenerla en un plazo determinado, como también el concretar la renovación de ésta, y si existe una comunidad de pueblos originarios que solicite también la misma zona, de acuerdo a la interpretación del Ministerio de Defensa, SSFFAA, que hace del artículo 10 de dicha ley, se suspende toda tramitación en curso, a pesar de la inversión realizada por el puerto privado, incluso antes de que se emitiera esta ley. Puntualmente una tramitación de un Espacio Costero Marítimo de Pueblos Originarios (ECMPO), puede durar hasta seis e incluso siete años, debido a la larga lista de instituciones que deben participar. Durante este tiempo, todas las demás solicitudes de afectación -como concesiones acuícolas, marítimas y Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos- quedan suspendidas hasta que la Conadi emita su informe de uso consuetudinario. Además, la ley establece que si se acredita el uso, se deberá dar prioridad a la solicitud del pueblo originario, sin perjuicio de que el titular de la solicitud rechazada pueda ser considerado como usuario en el Plan de Administración, previo acuerdo con la comunidad.
En Armasur valoramos la posibilidad de que exista una herramienta legal para que los pueblos originarios puedan solicitar al Estado el reconocimiento de espacios marítimos en base al uso consuetudinario ancestral. Pero debemos expresar que los tiempos y algunos criterios que se aplican respecto de la suspensión de renovaciones marítimas, nos generan incertidumbre en el plano laboral, económico y jurídico. Finalmente, esperamos que la petición del lonko Eric Vargas, haga comprender a las autoridades lo importante que es colocar énfasis en el desarrollo marítimo de la Región de Los Lagos, y cumplir el espíritu de la política de uso del borde costero, que es armonizar los usos presentes y futuros del mismo, donde exista espacio y leyes que protejan igualmente a todos.
Manuel Bagnara, gerente general Armasur A.G
