Ley de cuotas
A principios del año 2015, se aprobó la ley de modificación al sistema binominal chileno, siendo reemplazado por el sistema D`Hondt, para entregar mayor proporcionalidad y fortalecer la representatividad del Congreso Nacional, en donde se establece un aumento en el número de Parlamentarios, pero a su vez también se impuso una ley de cuotas que exige a los partidos políticos un equilibrio entre los candidatos, en donde hombres o mujeres, no podrán exceder el 60% de las postulaciones.
Importante avance que busca promover una mayor participación de las mujeres en la política, teniendo en consideración que en nuestro país cerca del 17% de representantes en el congreso es mujer, por debajo de las cifras de América Latina y a nivel Mundial (25% y 22% respectivamente), es entonces donde cabe cuestionarse la efectividad que tendrá la ley, ya que si bien habrá un porcentaje equilibrado en las papeletas del mes de noviembre, ¿los partidos políticos potenciarán realmente las cartas femeninas de cara a las elecciones? ¿O solo se limitarán a cumplir con la normativa? Es por eso que debemos hacer seguimiento al trabajo de despliegue, campaña y potenciamiento de los partidos a sus postulantes, para ver si el objetivo de esta ley se ve reflejado en las urnas a fin de año.
Francisco Santibáñez Soto
Desmunicipalización
La demanda por una educación pública y de calidad con el Estado como garante, es por cierto una bandera de lucha muy presente en las comunidades vinculadas a la educación. Padres y madres, docentes y directivos han declarado por más de 30 años, la urgente necesidad de establecer y asegurar la educación como un derecho social inapelable, en el marco de un modelo de desarrollo y crecimiento afianzado en la justicia social y no fortalecido desde el modelo económico con fuerte regulación, no solo al marco operativo y de gestión para el crecimiento económico abierto y la competitividad, sino también afianzado al ideario que sustenta el proceso educativo con un valor por sí mismo, para la construcción de un proyecto país.
Se hace indispensable entonces comprender que el esperado cambio se inicia con mirada microsistémica desde el aula, con el reconocimiento de factores y deudas históricas presentes en nuestros actuales escenarios de desigualdad social y cultural, siendo precisamente ahí donde cobra real valor la figura del Estado, como agente protector y fortalecedor de un proyecto pedagógico y educativo con sentido y pertinencia cultural, con mirada de futuro y respeto a la trayectoria educativa construida.
Pero particularmente necesario en su rol de partícipe, junto a la comunidad educativa, en la toma de decisiones y en la construcción colectiva de un proyecto que justifique el retorno de la ansiada educación pública a sus manos.
María Pilar Calderón, Decana Facultad de Educación, U. Central
Fraude
El riesgo de fraude siempre está presente en las organizaciones y, en el último tiempo, hemos visto cómo algunos de estos ilícitos han saltado a las primeras planas de los medios debido a los profundos daños que causan a la reputación y a las finanzas de las instituciones afectadas.
En Chile, se estima que las pérdidas por fraude alcanzarían los USD 17 MM al año, según un reporte de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2016, lo que demuestra que la prevención, además de ser una oportunidad para la organización, tiene un costo menor que las pérdidas por fraude.
En ALTO Trust tenemos conocimiento que las empresas, más allá del fraude evidente como la colusión con competidores, se ven seriamente afectadas por ilícitos a los que muchas veces se les resta importancia y que guardan relación con falsificaciones, malversación y adulteración de documentos, proveedores fantasmas, empleados fantasmas, rendiciones adulteradas, entre otros.
Y pese a los graves perjuicios a los que se ven expuestas las organizaciones, son muchas las que diseñan sus planes de prevención del delito solo para cumplir con las obligaciones que impone la ley y normativa vigente y no lo aprovechan como una oportunidad estratégica.
Si tan solo pensamos que las empresas con canales de denuncia anónimos tienen un 47% más de probabilidades de detectar un fraude, son inimaginables los beneficios que obtendrían si desarrollaran políticas internas integrales para mitigar estos ilícitos, los que van desde el fortalecimiento del clima laboral, basado en la confianza a una mejor imagen reputacional frente a sus públicos de interés.
Sin dejar de lado, por supuesto la disminución de sus pérdidas patrimoniales.
Daniela Jara, gerente general ALTO Trust
