A Silvio Torrijos también le inquieta el impacto en el bosque nativo, producto de la extracción de leña de ulmo. "La miel que producen las abejas de la flor de este árbol, tiene tanta o mayor capacidad antibiótica y antiséptica, que la miel de manuka, de Nueva Zelanda, que tiene un alto valor en el mercado. Si seguimos echando abajo los bosques de ulmo, estamos quitando la posibilidad de tener ese producto maravilloso, con un alto potencial exportador".
Dirigentes de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Demersales, aunaron criterios con el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, en torno a la revisión de mapas que contienen los caladeros de pesca para ese sector.
Para los dirigentes, reunidos en la caleta Metri, es fundamental que la autoridad establezca cuáles son los lugares donde la pesca artesanal se desenvuelve, de dónde extraen sus recursos y por qué lugares se traslada, de modo de proteger al máximo las especies y su reproducción.
"El subsecretario se ha comprometido a modificar los plazos mes a mes, hasta cerrar el proceso de establecimiento de caladeros de pesca, ya que las mediciones que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) maneja sobre la materia no alcanza a cubrir el 6% de los caladeros naturales estimados por el sector artesanal", expresó Rodrigo Aguilar, vicepresidente de la AG Demersales y tesorero de la Conapach.
Mientras que Antonio Vargas, secretario de esa asociación, enfatizó que "no existe información fidedigna sobre caladeros y no se pueden extraer de la historia de desembarque, porque hay lugares alejados donde existe la pesca de orilla, con recursos de roca que hay contemplar".
En la ocasión, también fueron analizadas eventuales modificaciones que podrían introducirse a la ley de Pesca, previstas para octubre, como en el tema de las caducidades que afectan a la pesca artesanal, lo que impacta a miles de pescadores y sus fuentes de trabajo.
"El gobierno debe modificar la forma injusta con que se elimina al pescador artesanal, como saca del sistema las embarcaciones, herramientas de trabajo para miles de familia. No hay forma cómo entren personas nuevas. Es una ley perversa e injusta en ese sentido, respecto a la industria. Ese y temas como el control y manejo del recurso raya, son temas que deben ser consideradas", planteó Vargas.
La necesidad de legislar para regular la transhumancia en la actividad apícola, plantearon productores de miel de la zona de Cochamó.
Esa práctica propicia la aparición y desarrollo de enfermedades en las abejas, lo que llega a provocar serias pérdidas, aseguró Magdalena Reyes, de Colmenares Tique. "Este invierno tenemos una alta mortandad, lo que se vio incrementado por un ataque de la especie chaqueta amarilla que entre abril y mayo hizo de las suyas. No sabemos cuántas abejas van a quedar después del invierno, pero esa mortandad que hay que recuperar".
Aseveró que la transhumancia es el factor que incide con mayor fuerza. "Es algo que no está regulado. Es urgente trabajar en ello, de tal forma que exista, pero que el apicultor local no se vea afectado".
La productora expuso que "pueden llegar dos mil colmenas, que se instalan junto a un apiario que tiene doscientas. El pillaje es enorme, entonces hay que evitarlo".
Mientras que Silvio Torrijos, de Mieles de las Patagonia Raymapu, confirmó ese análisis. "Se nota la carencia de una ley apícola, que regule certeramente la transhumancia. Es una actividad muy rentable y necesaria, pero no tiene regulación. El traslado de colmenas desde el norte incorpora enfermedades, ya que no hay ningún control", agregó.
Puntualizó que esta actividad no sólo provoca la muerte de abejas, "sino que de colmenares completos. Hace algunos años, tuve la pérdida del ciento por ciento de mis apiarios, por enfermedades. El principal factor es la llegada de un parásito que debilita la colmena, lo que permite el ingreso de otras enfermedades", especificó.
Tampoco se ha regulado la distancia que debe haber entre los apiarios. "Se pueden poner al lado quinientas colmenas y nadie puede decir nada", reclamó Torrijos.
Al respecto, la seremi de Agricultura, Pamela Bertin, precisó que el interés del sector es resguardar la apicultura regional. "Tenemos una Mesa Apícola Regional que funciona permanentemente. Esto no sólo tiene que ver con un tema productivo-comercial, sino que con uno sanitario", expuso.
Asimismo, reconoció "algunas falencias y cosas que se tienen que trabajar, pero en conjunto con el Estado y nuestros apicultores, que están con todas las ganas de trabajar, como lo han hecho por mucho tiempo".
Los productores reconocieron el aporte del Ministerio de Agricultura y de Salud, lo que a su juicio "ha hecho que haya mejorado la situación de la media de los apicultores".
La distribución de recursos por cerca de 330 millones de pesos exigen desde el sector de recolectores de algas pelillo de la región.
Esos recursos deberían ser entregados entre los productores de Ancud, Piedra Azul y Maullín.
Roberto Molina, presidente de la Federación de Sindicatos Unidos de La Pasada, dijo desconocer los motivos por los que el Gobierno no ha entregado esos fondos.
Recordó que en reiteradas reuniones con autoridades locales "hemos hecho presente que necesitamos esa plata entre los meses de junio y julio, para poder sembrar y repoblar con algas".
Molina, quien además es vicepresidente de Algas Chile, expuso que al contar con ese aporte estatal, evitan tener que contraer deudas con privados, situación que en muchas ocasiones "significa tener que estar pagando el doble después".
El dirigente reclamó que esto ocurra, a pesar que desde el Gobierno conocen esta necesidad, pero "siempre llegan tarde con los fondos".
Una medida paliativa ha sido obtener semillas de las mismas algas que mantienen en sus áreas, pero -aseveró- "dura poco. Cuando uno compra la semilla de otras áreas, (las algas) pueden durar hasta tres años".
Ante este atraso y la falta de información, Roberto Molina dijo que existe preocupación en el sector. "Se ha perdido el tiempo y la semilla. En el fondo, llega un periodo en que desaparece durante el invierno".
Dijo que el impacto de esta medida alcanza a unas 500 familias de esas tres localidades.
Advirtió que producto de esta falta de oportunidad para disponer de los fondos, a un 50% podrían llegar las pérdidas económicas. "Esto nos perjudica mucho, en cuanto a los ingresos familiares", agregó.
Aunque no hubo pronunciamiento oficial, trascendió desde el Gobierno que esos recursos para ser liberados durante la próxima semana.
El líder de los algueros de La Pasada expuso que tampoco no han notado interés de las autoridades por superar la declaratoria de zona de plaga en la ribera norte del río Maullín, ante la presencia del alga verde Rhizoclonium.
"Su existencia hace que tengamos menos espacio para siembra. Nos quitan el lugar y no dejan que las otras crezcan. No se ha hecho ninguna investigación a fondo de este tema, para venir a ayudar al sector", expuso el también director de Prodalmar.