Hace pocos días, se entregó un informe elaborado por el Comité de Evaluación de la Ley (instancia que analiza el funcionamiento de leyes, para conocer si su aprobación fue efectivamente algo positivo) respecto de las dos últimas leyes relativas al abigeato. Estas son la Ley Nº 20.090, que aumenta las sanciones para este delito y la Ley Nº 20.596 que mejora su fiscalización. Estas normas son de gran importancia, ya que el delito de abigeato, aunque no sea de gran conocimiento a nivel nacional, es sin duda un delito flagelante para los agricultores de nuestro país, en especial de nuestra región. Sin exagerar, una yunta de bueyes bien puede ser el capital acumulado durante toda una vida de trabajo de una persona y por lo mismo toda acción que atente contra este esfuerzo debe ser duramente castigado. Por supuesto, que no todo puede ser más fiscalización o penas más altas. También, debemos prevenir este tipo de delito, debemos atacarlo como un contexto. Así, fue como en agosto de 2015 presenté, junto a un grupo transversal de diputados, un proyecto de acuerdo (distinto de una ley), en el cual le solicitamos a la Presidenta Bachelet, la creación de un Banco de ADN Bovino, para que este desarrolle, administre y posea datos que permitan identificar y rastrear animales que sean sustraídos, gracias a la toma de muestras de pelo del animal, con el objetivo de foliarlas y conservarlas junto a documentación de respaldo respecto de la propiedad del animal, que pueda servir como apoyo a las labores de seguridad pública que llevan a cabo Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, junto con el desarrollo de conocimiento científico que puede provenir de estos datos. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara en noviembre del 2015 y contestada por el gobierno recién en julio de 2016. Por mi parte, estuve con los impulsores de la idea en la Comisión de Agricultura y me reuní con el Subsecretario de Prevención del Delito en su minuto. Pero necesitamos mayor interés por parte del gobierno para estas materias que son tan importantes.

Un ejemplo concreto, sería dotar a Carabineros de más recursos para combatir este delito.

Felipe de Mussy.

Diputado de la República. Región de Los Lagos.

Se hace imperioso dar un enfoque y ataque más integral -tanto en materia preventiva como de acción directa- en el combate de la delincuencia en Puerto Montt, que no deja de acosar, sobre todo, al comercio céntrico de la ciudad y también al de menor envergadura en poblaciones periféricas.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo porteña está permanentemente dando su voz de alerta, frente a los robos sucesivos a que se ven enfrentados sus socios y negocios en general de las calles Varas, Urmeneta, Benavente, Portales y arterias transversales. Y reiteran su preocupación por ello, clamando por una mayor seguridad policial y de equipamiento técnico urbano de vigilancia y prueba. A lo que agregan su llamado a liberar esos mismos sectores de las actividades del comercio ambulante, que compite deslealmente con ellos y es un factor de innegable desorden que opaca la imagen turística de la capital regional.

Hace poco, nuestro Diario registró el clamor de ayuda de la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Puerto Montt, que también está sufriendo los embates delictuales de los antisociales, especialmente aquellos pequeños comerciantes que con gran esfuerzo y sacrificio prestan sus servicios en los barrios populares de nuestra ciudad. Los dirigentes de la institución anhelan que las medidas preventivas policiales que se vayan adoptando, no sólo se apliquen en el sector céntrico de Puerto Montt, sino que igualmente en las áreas poblacionales, bastante desguarnecidas y a merced de los delincuentes, acusan.

La situación que denuncia el comercio detallista quedó corroborada en una reciente encuesta telefónica entre los socios. En ella, se confirmó que el principal problema que están afrontando los microempresarios es el de la delincuencia, por lo que ya no tienen tranquilidad, según recalcaron.

Conviene que ambas cámaras comerciales se reúnan con las autoridades gubernativas y policiales, para adoptar un plan estratégico común, que posibilite neutralizar la acción delictiva y garantizar el emprendimiento en un ambiente de normalidad.