El Llanquihue consultó al fiscal, mayor Rodrigo Cuadra, respecto a la competencia de la Justicia Militar en el caso que hasta el momento involucra sólo recursos de particulares. El oficial indicó que "el Artículo 5° del Código de Justicia Militar fija la competencia del caso, ya que los hechos se enmarcarían dentro de un recinto militar, y habrían sido perpetrados por un militar en contra de militares".
La promesa de realizar inversiones en la importación de artículos deportivos, fue el gancho que habría utilizado el capitán del Regimiento Sangra, Carlos Nazrala Harcha, para captar cerca de 500 millones de pesos entre 14 efectivos de la unidad del Ejército, en un hecho que es investigado por la Fiscalía Militar, bajo la figura de estafa.
La operación liderada por el oficial, que actualmente está fuera de la institución castrense, habría apuntado durante todo el año 2016 a la confección de poleras para eventos masivos, específicamente corridas y maratones, para lo cual recaudaba dinero entre otros oficiales con el fin de hacerlos partícipes en un negocio, prometiendo la obtención de importantes ganancias.
Los recursos eran solicitados con la excusa de financiar las boletas de garantía para presentarse a las licitaciones de las poleras estampadas que se entregan a los participantes.
La irregularidad fue detectada por el mando de la unidad, por lo cual el comandante del Regimiento Sangra, coronel Germán Villarroel, dio cuenta del hecho a la Fiscalía Militar, a través de un documento reservado el jueves 29 de diciembre, lo que dio inicio a la investigación judicial de sumario secreto.
"Estamos investigando hechos que revisten caracteres de delito, que dicen relación con captación de dinero que se habría desarrollado al interior del regimiento en forma particular", precisó a El Llanquihue el fiscal militar de la Provincia de Llanquihue, mayor Rodrigo Cuadra.
Los dineros involucrados habrían salido del bolsillo de particulares, sin que hasta el momento la investigación arroje el uso de fondos públicos.
"Hasta el minuto no existe ningún antecedente que haga siquiera sospechar respecto a la utilización de patrimonio fiscal en estas actividades", agregó Cuadra.
En la investigación, el fiscal militar ha ordenado una serie de diligencias, algunas de las cuales ya se han efectuado, como la toma de declaraciones y la incautación de material informático, entre ellos el computador utilizado por una teniente de Carabineros de dotación de la Prefectura de Llanquihue.
"Las diligencias que se están realizando en Carabineros son para descartar una posible participación de personas de esa institución, de lo cual hasta la fecha no hay resultados", explicó el fiscal de la causa rol 1147-2016 caratulada por la figura de "estafa y otros delitos".
Al respecto, el prefecto de Carabineros de Llanquihue, coronel Patricio Yáñez, precisó que "la teniente de Carabineros, que se desempeña en la Prefectura Llanquihue, es la cónyuge del ex oficial de Ejército investigado por la Fiscalía Militar. Ella dio cuenta formal de la situación que le afectaba de manera personal y familiar, por lo cual nuestra institución inició una investigación interna para establecer eventuales responsabilidades administrativas, sin que hasta el momento exista algún antecedente que apunte hacia ello".
En el caso, además se han despachado órdenes de investigar para ambas policías. Una de ellas está dirigida a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) y otra al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), principalmente para el desarrollo de pericias al material informático.
Ayer, el Ejército se refirió de manera oficial al caso, a través de un comunicado de prensa emitido por la Oficina de Comunicaciones del Regimiento N° 12 Sangra.
El texto de cuatro puntos indica que la situación "fue detectada por la propia unidad regimentaria a fines del año recién pasado, en razón de que un grupo de 14 personas, habría sido víctima de una estafa por parte de un efectivo del regimiento, quien les habría ofrecido la posibilidad de invertir en un negocio de importación de artículos deportivos".
El documento precisa que el mando de la unidad informó de inmediato a la Fiscalía Militar, conforme a la normativa vigente "quedando a disposición para proporcionar todos los antecedentes que sean requeridos en la investigación judicial, a fin de esclarecer los hechos. Paralelamente se instruyó una investigación sumaria administrativa, la que al finalizar, determinó responsabilidades administrativas y adoptándose junto con ello, las correspondientes medidas disciplinarias".
En cuanto a la salida del Ejército del capitán Carlos Nazrala Harcha, se informó que el oficial "solicitó su renuncia al empleo, la cual se hizo efectiva mediante los procedimientos reglamentarios".