Hernán Osses S.

En un problema mayor podría transformarse la orden de no innovar que acogió la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante la cual ese tribunal detuvo el proceso de licitación del Casino de Juegos de Puerto Varas.

La detención del proceso llega a escasos 15 días de que la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), reciba las ofertas técnica y económica de las empresas interesadas en quedarse con la licencia de la sala lacustre.

La solicitud de detener la concesión fue presentada por una de las empresas interesadas. Se trata de Marina del Sol, sociedad que controla los casinos de Calama, Talcahuano y Osorno.

La empresa presentó en agosto de este año, cuatro recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la Superintendencia de Casinos de Juegos y del Consejo Resolutivo de esa misma entidad.

Marina del Sol estima que ambos organismos han actuado ilegal y arbitrariamente en el proceso de licitación de las licencias que actualmente están en manos de las municipalidades de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas.

Según Marina del Sol, la SCJ ha incumplido en su deber de fiscalizar al casino de juegos municipal de Puerto Varas, además de también hacerlo en generar las condiciones que permitan a todos los interesados postular al proceso de concesión de la licencia.

En este sentido, dos son las principales ilegalidades que existirían, a juicio de Marina del Sol.

La primera es la exigencia de recontratar al 80% de los actuales trabajadores y la segunda, la posibilidad que tienen los oferentes de presentar obras ya existentes en su propuesta hasta por el 80% de la inversión solicitada.

A juicio de la empresa, esta última posibilidad sólo favorece a una sociedad en todo el país. Se trata de los actuales operadores del casino de Puerto Varas.

El piso mínimo que está solicitando la SCJ por la licencia de la ciudad lacustre, es un aporte de 92 mil UF anuales; es decir, unos 2 mil 400 millones de pesos.

Por 29 votos a favor y dos abstenciones, la sala del Senado aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación.

El senador Rabindranath Quinteros -presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta- explicó que "aquí se persigue crear el marco normativo para caletas pesqueras artesanales a través de un proceso ágil y expedito para potenciar el desarrollo de estos espacios, por lo que la caleta pasa a ser una unidad productiva, económica y social, ubicada en una unidad geográfica en donde los pescadores sean titulares".

Quinteros precisó que este proyecto "atiende una antigua aspiración de los pescadores artesanales, que les permitirá ampliar su quehacer a otros rubros productivos y paliar la inestabilidad propia de su actividad".

El objetivo de la propuesta legal -según detalló Quinteros- es crear un marco normativo adecuado, que establezca reglas claras y procedimientos expeditos respecto del uso de las caletas pesqueras, tanto por parte de quienes intervienen en la actividad de la pesca artesanal propiamente tal, como por aquellos terceros que regularmente hacen uso y goce de estos espacios, posibilitando con ello su desarrollo integral y sostenible en el tiempo y a nivel nacional.

En el proyecto se especifica que se regula el procedimiento por el cual Sernapesca notificará y asignará a la o las organizaciones de pescadores artesanales, la administración de la caleta respectiva.