El proyecto que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad al personal asistente de la educación, es un acto de justicia para un importante grupo de trabajadores públicos que, durante demasiado tiempo, ha visto afectados sus derechos y cuyo proceso de recuperación y nivelación con otros servidores públicos ha sido lento y gradual.
Los asistentes de la educación han sido testigos privilegiados y -a la vez- víctimas del deterioro progresivo de la educación pública, que perdió el lugar central que tenía en la sociedad chilena.
Y son también parte de esa enorme mayoría de trabajadores que se vieron obligados a afiliarse a un sistema previsional que en sus orígenes ofreció estabilidad y seguridad pero que, en la práctica, hoy no puede asegurar pensiones dignas.
El proyecto, aprobado hace algunos días en general y particular en el Senado, establece un plan de incentivo al retiro voluntario para los asistentes de la educación municipal que, entre el 1° de julio de 2014 y el 30 de junio de 2022, tengan 60 años de edad, si son mujeres o 65 años de edad, si son hombres, permitiendo que durante los 8 años en que este plan estará vigente, puedan beneficiarse hasta 9.000 trabajadores.
La bonificación por retiro voluntario ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades de educación municipal, con un máximo de once meses.
Además, se concede una bonificación adicional para aquellos funcionarios que, a la fecha del retiro, tengan una antigüedad mínima de 10 años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de asistentes de la educación, cuyo monto dependerá de los años de servicios y que va desde las 80 UF ($ 2.081.052), para trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 14 años, hasta 560 UF ($ 14.567.364) para aquéllos con 35 o más años de servicio.
En definitiva, la iniciativa apunta a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. No obstante, habrá que considerar próximamente que este sector cuente definitivamente con un estatuto propio al igual que los otros estamentos de la educación, que garantice un marco adecuado para el desarrollo de su trabajo tal y como lo merece cualquier funcionario público.
Rabindranath Quinteros Lara.
Senador de la República. Región de Los Lagos.