Marcelo Galindo Gallardo
La arista relacionada con la probable participación de civiles en el caso Huenante, es lo que investigará el Ministerio Público de Puerto Montt, después que el Juzgado de Garantía declarara admisible las dos querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y la madre de José Huenante, Cecilia Huenante, contra quienes resulten responsables de la desaparición del joven, ocurrida hace más de 10 años.
En una hora y media, el juez Patricio Rondini escuchó los relatos de los intervinientes, entre ellos querellantes, fiscalía y defensoría penal pública.
Lo concreto es que el caso que lleva más de 10 años -José Huenante (16 años) desapareció el 3 de septiembre de 2005- será indagado por dos organismos judiciales: militar y civil.
El magistrado Rondini declaró admisibles las querella, "sólo y cuando haya participación de civiles. Los aspectos que dicen relación con los funcionarios de Carabineros, las querellas serán remitidas a la justicia militar", anotó.
La participación de civiles en la desaparición de Huenante ya había sido investigada en el 2012, tras un oficio que remitió la justicia militar a la Fiscalía local el 25 de septiembre de 2009. En esa oportunidad, el Ministerio Público descartó la participación de civiles en el caso.
Se aclaró además que éste, en cuanto a la participación de los tres carabineros, continúa radicado en la jurisdicción castrense que sometió a proceso a los funcionarios por falsificación de instrumento público.
Tranquilidad
Sergio Millamán abogado de Cecilia Huenante, madre de José Huenante, dijo que no es sorpresa lo dispuesto por el tribunal, pero que no lo comparte. Pese a ello, el profesional dijo que es positivo lo ocurrido en el tribunal.
"En los próximos días veremos qué pasos vamos a seguir. José (Huenante) no pudo haber desaparecido de la faz de la tierra, pero lo importante es que habrá una investigación y le da un poco de tranquilidad a la familia", aseveró.
Cecilia Huenante agregó que el objetivo final es que el caso salga de la justicia militar.
"Por lo menos se van a investigar las querellas. Nosotros como familia hace mucho tiempo que estamos pidiendo que el caso de mi hijo no siga en la justicia militar", acotó.
Mauricio Maya, jefe de la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmó que habrá un paso que se dará en la máxima instancia judicial.
"Nosotros como instituto vamos a recurrir a la Corte Suprema, para que sea está máxima instancia la que dirima la competencia de la causa completa y permita al Ministerio Público indagar con libertad. La Fiscalía investigará a civiles su probable participación, pero sin embargo nosotros apelaremos esta resolución", adujo.
Acabada
El fiscal jefe Marcello Sambuceti dijo que la Corte Suprema podría dirimir la competencia entre ambas judicaturas (civil y militar).
El persecutor manifestó que durante la investigación del caso (2009) se estableció la participación de funcionarios de Carabineros, lo que se volvería incompatible con una participación de civiles, "sin perjuicio que hemos seguido adelante con esa hipótesis, y vamos a investigar a fondo y hasta el final, aunque ya cumplimos nuestra labor y establecimos la responsabilidad de los funcionarios de carabineros", anotó.
Para Sambuceti, respecto a la probable participación de civiles, no se descarta nada.
Por ahora, el Ministerio Público deberá definir qué fiscal podría quedar a cargo de estas diligencias. "Lo importante para la Fiscalía es que se lleva una investigación acabada y, en segundo lugar, que se cumplan los debidos procesos de quienes aparezcan como imputados", observó.
Milena Galleguillos, jefa de la defensoría local, asumió como abogada de los tres carabineros.
"Sigue la competencia en la justicia militar respecto a los funcionarios de carabineros que estuvieron siendo investigados", sostuvo.