Como representante de la comunidad, y como defensor de la educación gratuita y de calidad, no puedo quedar ajeno a los últimos acontecimientos relacionados con la educación superior en nuestro país, en particular, con el fallo del Tribunal Constitucional, que tras un requerimiento de parlamentarios de derecha, paralizó la gratuidad en la educación superior, dejando en la incertidumbre a miles de familias chilenas.
Me parece preocupante y lamentable la situación, porque se posterga la puesta en marcha de la gratuidad, que no sólo iba orientaba a los estudiantes que están en universidades del Consejo de Rectores, sino que también se ampliaba a casi 100 mil jóvenes, beneficiando a más de 300 mil familias de todo el país.
Molesta que sea la derecha la que haya puesto el freno a este proceso, abogando que está preocupada de las familias de Chile, cuando la verdad sea cierta, que ellos, por ideología política y coherencia en su actuar, no creen en la educación gratuita. Sus parlamentarios siempre han votado en contra de los proyectos que buscan ese fin, porque les parece natural y razonable que sean las familias las que deban endeudarse cuando tienen que enfrentar la universidad. Es decir, les resulta cómodo que la educación sean un bien que se transa en el mercado y no un derecho social garantizado en la ley y en la Constitución.
No olvidemos que nuestro país tiene unos de los costos más altos en educación superior del mundo, por eso es necesario avanzar a la gratuidad, para que no dependa del bolsillo de la familia que su hijo entre a la universidad o a un instituto profesional, para poder desarrollar su talento y capacidad para ponerlo a disposición del país.
Ante este escenario, estamos obligados a reformular la estrategia y ver qué hacemos, buscar nuevos mecanismos que nos permitan dar garantías a los jóvenes de que no tendrán que pagar por su educación superior. Lo claro es que esto debe estar resuelto antes del 27 de diciembre, cuando se entregan los resultados de la PSU, porque no puede haber incertidumbres en ese proceso tan importante.
Es la derecha la que tiene que responder por qué cierra la puerta a ayudar a las familias más vulnerables de nuestro país, y explicar al país por qué quieren seguir imponiendo su visión de que la educación es un bien de mercado y no un derecho social.
Diputado de la República. Región de Los Lagos.
Patricio Vallespín López.