Llevamos un poco más de dos semanas con los funcionarios del Registro Civil en paro, con las consecuentes molestias para la ciudadanía. Hace poco días atrás, Gendarmería depuso el paro que llevaran a cabo.
El año pasado tuvimos el paro de los funcionarios del Hospital Salvador, que significó reprogramar operaciones, agendar de nuevo horas médicas, etc. ¿Quiénes perdieron? Los pacientes. Las personas que tiene menos recursos y menos salud.
Se ha hecho una costumbre por parte de los funcionarios de diversos servicios públicos presionar a la autoridad respectiva mediante herramientas ilegítimas de presión. Lo vivió la administración del ex presidente Piñera también, entre otros, con el paro portuario de San Antonio.
Hay personas que trabajan en el sector público que olvidaron que están para cumplir el principal objetivo del Estado, que es servir a las personas. Pero cuando las cosas no les parecen, o se sienten tratados de forma injusta, actúan injustamente, perjudicando a la ciudadanía bajo la excusa de estar defendiendo un mejor servicio. Todo a costa del tiempo de las personas, de su seguridad o peor aún, de su salud.
Anteponen así sus intereses particulares a los de la sociedad, todo bajo una buena causa, aseguran. El fin justificando los medios. La señal detrás es preocupante, porque parece que ningún gobierno está dispuesto a soportar los costos políticos de una toma de decisiones fuerte y empoderada, en donde no tengan cabida las presiones ilegítimas y el bienestar de la gente como herramienta de presión.
La Ministra Blanco dijo recientemente "lo que no corresponde es que paralicemos servicios tan sensibles para la ciudadanía y que se negocie a costa de ellos". No puedo estar más de acuerdo.
Los funcionarios públicos deben emplear los canales institucionales para abogar por sus legítimos intereses sectoriales, y los gobiernos deben hacer vale la institucionalidad también. De lo contrario, se validan conductas que atentan contra el buen vivir, con la paz social.
Esperemos que la Ministra cumpla la palabra y el gobierno de una señal clara de negociaciones serias, enmarcadas por la legislación vigente y que los aquellos trabajadores del sector público que utilizan estos mecanismos de apremio ilegítimos y reprochables, abandonen la Administración o bien, se den cuenta de que están para ayudar primero a las personas, y no para perjudicarlas.
Felipe de Mussy Hiriart. Diputado de la República.
Región de Los Lagos.
