Avanzar hacia una mejor política
La crisis de confianza que se expresa en el país luego de los diversos casos que han conmovido la conciencia de los chilenos, tales como colusión de las farmacias, La Polar, Los pollos, Fut, Penta, Caval, etc, nos plantea a los actores políticos un desafío de reconstrucción de las confianzas, que debe ser abordado con propuestas concretas y claras, que se hagan cargo de los problemas de fondo en la relación política y dinero, desechando dejar las respuestas a estas inquietudes a la incertidumbre de procesos judiciales, que sin duda, deben perseguir las responsabilidades pertinentes.
La tarea del mundo político es asumir el desafío de perfeccionar nuestro sistema político institucional y desarrollar las acciones proactivas para superar los diversos problemas, permitiendo con ello contribuir a recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Los casos son puntuales, pero muy graves, por eso no podemos generalizar y decir que la política, y todos los que participamos de ella, somos iguales, pues las responsabilidades son individuales y acá no pueden existir defensas corporativas. Mucho se ha festinado, pero estos son temas serios, pues la política sigue siendo importante para construir sociedades más justas e igualitarias.
Quiero valorar el rol de los medios de comunicación y de los ciudadanos para informar, criticar y opinar sobre estas situaciones que ocurren, pues eso significa que hay una comunidad atenta y que no ha perdido la capacidad de asombro. Es hora de reposicionar la buena política y volver al estándar ético del actuar, pues es fundamental para generar más y mejores derechos para la ciudadanía; sin políticas públicas estaremos en el paraíso del mercado y del neoliberalismo, por eso proponemos profundizar el sistema de financiamiento y trasparencia de la política, eliminando los aportes de las empresas a las campañas políticas, estableciendo aportes estales para funcionamientos de partidos y elecciones. Además, fortalecer una institucionalidad del Servicio Electoral, para ejercer una adecuada función fiscalizadora de la acción política; perfeccionar la Declaración de Patrimonio e Intereses, obligatoria y con un estándar superior al actual de todas las autoridades políticas, que incluya a los directivos de empresas privadas que tienen vinculación con platas públicas, así como sanciones más duras y radicales para autoridades, donde los parlamentario que estén vinculados con conductas atentatorias a la probidad deben perder su escaño.
Patricio Vallespín López.