Fin a la violencia electoral
Su primer trámite constitucional cumplió esta semana en el Congreso el proyecto de ley que sanciona los actos de violencia en el contexto de las campañas electorales, iniciativa que surgió a raíz de una moción parlamentaria a la que se sumaron legisladores del completo abanico político nacional. El proyecto aprobado en particular, modifica la ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
Entre sus aspectos más relevantes considera que los brigadistas, es decir quienes realicen acciones de promoción, difusión o información en una campaña electoral determinada, ya sea de manera remunerada o no, deberán ser personas mayores de edad, sin antecedentes delictuales, identificadas a través de un registro que cada candidato deberá presentar en la Intendencia Regional respectiva (así como las sedes de campaña y vehículos utilizados para los fines electorales). Un aspecto relevante que considera la iniciativa de ley es que los brigadistas deberán utilizar distintivos que permitan identificar el candidato o partido para el cual ejecutan labores de campaña, de tal manera que la ciudadanía pueda denunciar con claridad cuando se cometan actos de violencia o desmanes que no se correspondan con un acto de campaña electoral.
La ley considerará a cada candidato solidariamente responsable por el actuar de sus brigadistas, por cualquier daño causado dolosa o negligentemente, y para ello considera multas que van desde las 20 a 100 UTM, cuyo pago se asegurará por medio de la retención de la devolución de gasto electoral hasta que dichas multas hayan sido canceladas en la Tesorería General de la República.
El proyecto pasará ahora a un segundo trámite constitucional, en el cual aparece como necesario perfeccionar aspectos como por ejemplo los plazos en que los candidatos deberán hacer efectiva la entrega de la información a las intendencias. De esta manera, se busca limitar los hechos de violencia que se han hecho cada vez más lamentables en los últimos procesos electorales chilenos y que quedaron patentes, por ejemplo en 2012, con la agresión sufrida por Luciano Rendón, de parte de un grupo de brigadistas en el marco de la campaña municipal en Peñalolén. Desde aquel hecho, los legisladores han coincidido en la urgencia de abordar esta problemática para prevenir y evitar nuevos hechos de violencia, que sólo enlodan un proceso para que el electorado pueda escoger a sus futuros servidores públicos.