Aportes reservadosa candidatos
Los aportes reservados totalizaron 520 millones de pesos y corresponden a sumas entregadas a las diversas candidaturas con el compromiso, de acuerdo a la Ley Electoral, que la identidad de la organización o persona contribuyente se mantenga en reserva.
El diputado Gabriel Boric indicó en las redes sociales que el 83% de esos aportes favorecieron a postulantes de la Alianza. El tema de los aportes privados en las campañas electorales no es nuevo y un gran avance logrado es que esas cantidades sean transparentadas, evitando así desvíos de dinero irregulares o provenientes de actividades ilícitas.
La ley que regula el proceso, 19.884, establece un mecanismo que busca asegurar la privacidad de la entrega de dinero, ello a través de la realización de un depósito en el Banco del Estado en la cuenta del Servicio Electoral, entidad que, a su vez, hace llegar los aportes a candidatos o partidos. Así, si bien éstos reciben las cantidades, los favorecidos ignoran quienes han hecho los aportes. Sobre la materia, el año 2013, antes de la reciente elección general, el Servicio Electoral entregó un instructivo muy preciso.
Al respecto, es interesante consignar la declaración de la diputada UDI María José Hoffmann, que asegura tener completa libertad en su actuar porque -dice- 'no tengo idea quién me donó y nunca nadie me va a poder comprobar si me hizo un aporte o no'. Puntualiza también la representante que la materia es transversal, recordando, dentro del cuadro nacional, los altos aportes entregados al senador PPD Guido Girardi. De cualquier modo, la materia puede ser perfeccionada a través de mecanismos de la normativa electoral que permitan acentuar la transparencia del proceso y los orígenes de esos aportes dentro del patrimonio general de los aportantes.
Por otro lado, aparece lícito que personas o instituciones ayuden a postulantes de sus preferencias siempre y cuando esas contribuciones no signifiquen presiones sobre el parlamentario ya elegido. Es ese el punto clave de la materia que va mucho más allá de lo meramente legal y entra en el campo de la ética que, al menos en teoría, debe ser el factor dominante en el mundo político y de los servidores públicos en general.