El próximo 2 de Septiembre la Comisión Asesora Presidencial para la descentralización entregará a la Presidenta de la República Michelle Bachelet el informe final de su labor. El objeto del trabajo desarrollado por este equipo de connotados especialistas nacionales y extranjeros, que sesionará el día 5 de Agosto en nuestra región, es proponer un conjunto de modificaciones legales y administrativas profundas, tendientes a materializar a contar del año 2015 una forma distinta de relación entre los Gobiernos Regionales y el poder ejecutivo central y los ministerios, buscando con ello que las decisiones relevantes en materia administrativa y económica radiquen efectivamente aquí en la región. Desde la recuperación de la democracia en la década de los 90´ hemos transitado invariablemente en el marco de un modelo de gestión político-administrativo de tipo vertical y jerárquico, cuyo centralismo anota apenas un promedio de 12,8% de decisión del gasto público en las regiones, en circunstancias que el promedio de los países de la OECD es de un 43%. Aún más, de ese exiguo porcentaje de presupuesto sometido a decisión regional, el 51% viene asociado a provisiones, es decir, se trata de 'dineros marcados' desde el nivel central que determinan su aplicación a fines predeterminados, siendo finalmente la decisión del FNDR libre manifiestamente insuficiente para que el Gobierno Regional pueda orientar y plasmar efectivamente sus prioridades y su mirada de región a través obras e inversiones pertinentes.
Dentro de los compromisos de nuestro gobierno están el aumentar de un 15 a un 35 por ciento de la decisión del presupuesto en regiones de aquí al año 2020, y disminuir desde un 40 a un 10 por ciento las provisiones presupuestarias aumentando el FNDR libre, lo que sin duda dejará a la región en condiciones de decidir libremente un mayor porcentaje de su presupuesto, y de negociar con los ministerios respectivos los planes de inversión regionales en condiciones convenientes para nuestros territorios, al tiempo de hacerse necesaria una Ley de Impuestos Regionales y cambios a la Ley de Rentas Municipales para dar sustentabilidad a este nuevo modelo de administración regional, las cuales serán postuladas en el corto plazo. Lo anterior, en consonancia con la decisión política de llevar adelante la reforma constitucional que haga posible la elección por votación popular de los Intendentes, quienes pasarán a ser verdaderos Presidentes Regionales, siendo los Consejos Regionales parte sustancial de esos nuevos Gobiernos Regionales, cuya ley orgánica es materia de discusión actual, buscando transformarlos en instancias decisorias fuertes y autónomas desde el punto de vista administrativo y financiero, y que prontamente elegirán al Presidente del Consejo Regional, completando el proceso predefinido en la ley para su plena instalación.
Finalmente, todos estos cambios apuntan a definir a Chile como un Estado Descentralizado, con un territorio único e indivisible, y con regiones y comunas verdaderamente autónomas desde el punto de vista administrativo y financiero.