La capital de la Región de Los Lagos, Puerto Montt -una de las ciudades más progresistas del país, así considerada en algunas clasificaciones- no merece como 'premio' a esa pujanza progresista el envío a su recinto carcelario de cientos de peligrosos reos provenientes desde Santiago, lo que más precisamente constituiría un incomprensible e indigno castigo a esta esforzada y emprendedora urbe en marcha. Situación, -aquilatada en justicia por la comunidad, sobre todo la aledaña al presidio,- que motivó una recia y generalizada protesta puertomontina, incluyendo la adhesión de sus autoridades y parlamentarios.

Afortunadamente, el Gobierno escuchó ese clamor y supo reaccionar como corresponde, impidiendo que esa errónea iniciativa -como lo reconoció el propio ministro de Justicia, José Antonio Gómez- llegue a materializarse. Determinación que la población porteña reconoce y aplaude, por la tranquilidad que significa para todos mantener una convivencia ciudadana libre de toda contaminación que pudiera dañar la paz social.

Casos como el mencionado no hacen más que confirmar el ineficiente rol que ha venido cumpliendo la regionalización, que más que regionalizar centraliza, pues todas las decisiones importantes se originan desde Santiago, pensadas sólo en favorecerla. El tema de los reclusos es una evidencia más al respecto, cuyo intento de concreción, por suerte, ha sido oportunamente frenado.

Lo que, de modo imperioso, necesitamos en las regiones no son precisamente reos más peligrosos o antisociales incorregibles, sino que mayores atribuciones para definir nuestro propio destino local y regional, con el apoyo de los recursos que merecidamente requiere el sur para desarrollarse integral y eficazmente, conforme a sus verdaderas aspiraciones y urgencias.

Entre esos clamores, destacan la restitución del ferrocarril al sur, la habilitación de servicios de conectividad no tradicional, el potenciamiento portuario de Puerto Montt, la valorización y desarrollo del global descubrimiento arqueológico de Monte Verde, la integración de la isla Tenglo al turismo regional, la solución al caótico tránsito local, entre otros. Eso anhelamos. No lacras ni desechos foráneos.

Chile estuvo expuesto a un muy mal proyecto de reforma tributaria, que de aprobarse en los términos presentados originalmente, hubiese significado afectar fuertemente el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo de las Pymes y, en términos generales, a toda la clase media. Frente a este escenario los parlamentarios de la alianza estuvimos obligados a impulsar una fuerte campaña informativa del verdadero contenido del proyecto.

Así, la ciudadanía se enteró de las reales implicancias de esta reforma y todas las encuestas empezaron a reflejar como disminuía consistentemente el apoyo al proyecto que proponía el ejecutivo. El gobierno se vio forzado a cambiar de estrategia en la discusión en el Senado, abriéndose al dialogo y mostrándose dispuesto a tocar aspectos que formaban parte del corazón del proyecto.

Para evitar perder su nueva mayoría en la calle, el Ministerio de Hacienda tuvo que ceder frente a una ciudadanía que le exigía cambios a una reforma tributaria mal concebida. Bajo esa presión social y política el gobierno buscó un acuerdo que legitimara su cuestionado proyecto de ley. En las negociones que tuvieron con la oposición, nuestro sector le exigió hacer modificaciones sustanciales al proyecto, como acceder a que la renta atribuida fuera opcional y eliminar la retención del 10% a las empresas.

Sin embargo, cabe destacar que la UDI solo accedió al acuerdo cuando se incluyeron todas las exigencias que la agrupación de PYMES le habían pedido al gobierno. De esta manera, la UDI y RN desactivaron la lógica de la retroexcavadora que solo iba en perjuicio de las PYMES y a la clase media chilena.

A pesar de que fue legítimo aplicar la teoría del mal menor al aprobar el acuerdo para una reforma tributaria, lamento que todavía existan algunos aspectos negativos de la reforma como por ejemplo, haber mejorado en forma parcial y no definitiva el uso de la renta presunta por parte de los agricultores y el hecho de que no se haya especificado claramente el destino de esta mayor recaudación fiscal. Por último, esperamos que el gobierno haya comprendido que para implementar reformas de esta magnitud, debe hacerlo buscando acuerdos con todos los sectores sociales y políticos del país. De lo contrario, volverá exponerse a perder esa nueva mayoría que conquistó en la calle en la elección presidencial recién pasada.