Hacia la protección integral de consumidores
Este lunes la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad del Sernac. Su objetivo es dotarlo de facultades que le permitan fiscalizar, sancionar y elaborar normativas, herramientas fundamentales para enfrentar las desigualdades existentes en los mercados. Es decir, tendrá garras y dientes para frenar los abusos y combatir el desequilibrio existente en la relación entre el prestador de servicio o una empresa y el consumidor.
Las nuevas atribuciones van a permitir una interpretación más eficaz de la ley, mejor fiscalización, una mejor protección de los consumidores y el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, de modo que los ciudadanos tengan un rol importante y sean protagonistas. Y es que llama la atención que siendo el encargado de velar por los derechos de los consumidores, el Sernac cuente con menos atribuciones que otros órganos que velan por este mismo sector (el caso de las superintendencias). El proyecto considera el incremento en las multas por infracción a la normativa, que esperamos sean ejemplificadoras, para los casos de publicidad engañosa que terminen por afectar la salud o seguridad del consumidor, o el medio ambiente; y la reparación íntegra de los daños causados a los consumidores, de modo que se pueda indemnizar a una persona o grupo de consumidores por concepto de daño moral. Con la finalidad de corregir el efecto adverso a la protección de los derechos de los consumidores, que produce el acotado plazo de seis meses de prescripción de las acciones que persiguen la responsabilidad contravencional, el proyecto propone aumentarlo a dos años. Además, y en una medida que a mi juicio constituye un gran avance en materia de justicia social, se propone la eliminación de la competencia de los Juzgados de Policía Local para resolver los conflictos en el ámbito del interés individual del consumidor. Es pertinente reconocer el trabajo de algunos jueces de Policía Local, que con medios investigativos limitados buscaban proteger a los consumidores y evitar los abusos. La nueva ley realizará en este plano un cambio radical, pues el Sernac tendrá la facultad de generar nuevas normativas e interpretar la ley y resolver directamente las presentaciones de los consumidores, resguardando el debido proceso. Ahora, si la empresa denunciada estima que la resolución del organismo no es pertinente podrá recurrir a los Tribunales Civiles. Sin embargo, será su responsabilidad el peso de la prueba.