Una vez más, los puertomontinos fuimos sorprendidos -por falta de una conducta preventiva, mal que nos pese- por los rigores climatológicos de un invierno, esta vez, marcadamente anticipado a su período natural. No fue extraño, por tanto, que las últimas lluvias no dejaran de causar los habituales preocupantes estragos en nuestra provincia de caídas de árboles, con algunos lesionados; voladuras de techumbres y desplome de cercos; impresionantes inundaciones en ya consabidas áreas de la ciudad de Puerto Montt, como Angelmó y partes altas, como Padre Hurtado, entre otras; cortes de rutas en la conexión intercomunal y en general inconfortables perjuicios, previstos, pero que siempre se pueden enfrentar mejor -con menos efectos dañinos- si las precauciones son adoptadas con la debida diligencia, antelación y oportunidad.

En horas de la tarde de ayer, vecinos de los sectores más impactados por los anegamientos, revelaban su impotencia para liberar a sus viviendas de las aguas lluvias empozadas en esos lugares, clamando un auxilio que tardaba en socorrerlos.

Situaciones puntuales como la descrita, lamentablemente, dejan al trasluz que -una vez más- no estábamos debidamente preparados para enfrentar las tradicionales emergencias que se derivan de nuestro característico inestable y furibundo clima invernal, especialmente de los meses de junio, julio y agosto,

Se trata, pues, de una reflexión y mensaje que llama a las autoridades, instituciones correspondientes y, sobre todo, a la misma ciudadanía, para que asuman sus responsabilidades de alerta y precaución -ojo, en plenitud- frente a la inestabilidad meteorológica habitual, especialmente en este período del año en nuestra zona. Esto significa afinar a fondo y tener a punto para entrar en acción a todas las organizaciones y medidas preventivas y de neutralización de tragedias, que aseguren una intervención eficiente ante cualquier embate de la naturaleza que amenace la seguridad de la población. Y partiendo de los mismos vecinos que, en este caso llegado el mal tiempo, deben adoptar medidas prácticas.

E l pasado 21 de mayo se dio el vamos por la Presidenta de la República a la primera batería de Proyectos de Ley orientados a la gran Reforma Educacional que la ciudadanía ha demandado ampliamente en las urnas, y que es parte vital del Programa que impulsamos como gobierno.

Este gran cambio de la educación persigue, entre otros objetivos: mejorar y asegurar la calidad de la educación para todos y todas, independiente de su nivel socioeconómico; generar un sistema más equitativo e inclusivo; asegurar la educación como un derecho social garantizado por el Estado; fortalecer la educación pública; y mejorar el sistema en su integralidad, fortaleciendo tanto la educación inicial, general, superior, educación técnica y profesión docente.

A su vez, la primera batería de proyectos que ingresarán al congreso, se fundamentan en tres elementos claves para conseguir estos objetivos: fin al lucro, al copago y a la selección.

El fin al lucro es una transformación necesaria para que los recursos aportados por el Estado a los establecimientos Educacionales Subvencionados sean invertidos en su integralidad en Educación, prohibiendo legalmente que las instituciones o sostenedores educacionales con personalidad jurídica con fines de lucro, tengan la posibilidad legal de distribuir las ganancias con fondos públicos entre los propietarios. Debemos garantizar que los recursos que el Estado aporta a la educación se usen para fines educativos, ya que en muchos casos, los recursos públicos que aportan todos los chilenos no son destinados a la Educación de niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

El fin a la selección, en tanto, busca acabar con la discriminación en los establecimientos por características socioeconómicas, religiosas, culturales, académicas o del tipo de familias que provengan.

Queremos avanzar hacia un sistema donde la calidad dependa del proceso educativo de los establecimientos y no de las características de sus alumnos (as), orientando de esta manera hacia un sistema que termine con la segregación educacional, defendiendo el derecho de las familias a elegir un proyecto educativo escolar determinado y no que sean las escuelas quienes elijan a las familias.