La doble vía a Pargua es una obra vial que bien puede considerarse monumental para nuestra zona, por su trascendente aporte a la seguridad y eficiencia en el transporte, tanto para el sector continental como el insular, a y desde el archipiélago de Chiloé, y su consiguiente indispensable contribución al desarrollo socioeconómico sureño.

Sin duda que es un sueño de muchos años que se hace realidad y el cual cobrará todo su esplendor cuando en algunos años más esté también funcionando el puente sobre el canal de Chacao. Lo que implicará una dinámica cada vez mayor en materia de conectividad y flujo de progreso en esta parte del territorio.

Sin embargo, como todo adelanto, la nueva ruta a Pargua está presentando algunas deficiencias que, por cierto, son susceptibles de enmienda y perfeccionamiento. La comunidad aledaña a esta carretera - sobre todo, aquella cercana a los centros educacionales- ha mostrado su preocupación por la carencia de pasos sobre nivel que posibiliten, -especialmente a los estudiantes-, un cruce con seguridad y sin riesgos a través de la flamante doble vía.

Urge, por lo tanto, responder al clamor de los usuarios de a pie de la remozada ruta, quienes anhelan una adecuada implementación en sus tramos, que sea garantía de protección para los muchos peatones que cotidianamente deben atravesar la ahora imponente carretera, cuya amplitud en anchor exige, desde luego, un mayor resguardo de los transeúntes que caminan hacia sus trabajos, van de compras, acuden a sus establecimientos educacionales o deben tomar movilización. Lo que, desde luego, implica -además de pasos sobre nivel- la habilitación de paraderos bien resguardados de las inclemencias meteorológicas, óptima señalización y demarcaciones, entre otros elementos de apoyo a la seguridad peatonal.

Algo similar inquieta también a los pobladores colindantes de la Avenida Presidente Ibáñez, quienes han reiterado la urgencia de la instalación de una pasarela en Salvador Allende, vía de acceso y salida de la ciudad.

No hay que olvidar que la modernización sólo se justifica en la medida que sirva a la gente.

Desde hace ya muchos años que la mayoría de los padres han preferido matricular a sus hijos en colegios particulares subvencionados antes que en uno municipal. Hoy, sólo un 38% de los niños asiste a estos últimos establecimientos educacionales a diferencia de un 54% que asiste a los particulares subvencionados. Teniendo estas cifras en cuenta resulta difícil entender por qué el gobierno pretende terminar con la principal opción que los padres han tomado. Da la sensación de que el gobierno no confía en el criterio de los principales interesados en que la educación de los alumnos sea de calidad, que son los padres.

El gobierno en su proyecto pretende expropiar la propiedad de los recintos de los colegios particulares subvencionados. Una de las principales asociaciones que representan estos establecimientos educacionales (Conacep) ha estimado que ese sólo gasto de la reforma implicará una inversión para el fisco de US$9.800 millones. Esta millonaria inversión del Estado lo único que conseguirá será cambiar el dominio de la propiedad del recinto para que quede inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del fisco en vez del actual sostenedor o dueño. Dicho cambio no incide en nada en mejorar la calidad de la educación de los niños que asisten a estos establecimientos educacionales.

Lo que Chile necesita es invertir en mejorar la calidad de la educación de los niños invirtiendo nuevos recursos en capacitar más a los profesores, mejorar la tecnología que se usa en la sala de clases, aumentar las horas de inglés, etc. Los peores niveles de calidad de enseñanza se encuentran en los establecimientos educacionales municipalizados. Por lo tanto, si el gobierno lo que pretende es privilegiar la igualdad por sobre la calidad en la educación entonces lo que debe hacer es mejorar e invertir recursos principalmente en la educación municipal, de manera que los jóvenes que asisten a esos establecimientos alcancen estándares de calidad que se asimilen a los de los colegios particulares subvencionados. Así se iría construyendo una sociedad con mayor igualdad pero sin descuidar la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes que asisten a ambos sistemas educativos. Por el contrario, el gobierno, equivocadamente, está poniendo su foco y millones de dólares no en mejor la educación que otorgan los municipios, sino que en terminar con un sistema que, faltándole mucho por corregir y mejorar, es mejor que el municipal, lo que se demuestra con los resultados de pruebas como el SIMCE y la PSU.