Fiscalía busca llegar al fondo de la red de explotación sexual de menores
Marcelo Galindo Gallardo
La aplicación de técnicas especiales, no convencionales, empleará el Ministerio Público en la investigación que busca desbaratar la red de explotación sexual infantil descubierta en Puerto Montt, tras ser ubicadas el 27 de febrero en una casona abandonada cuatro niñas que se habían fugado de hogares de menores y que serían parte de esta ilícita organización.
El fiscal regional Marcos Emilfork confirmó que ya hay causas vigentes relacionadas con este delito. "Estas diligencias se trabajan y desarrollan con especial sigilo, y conforme a las técnicas de investigación que contempla el Código Procesal Penal y que son variadas", adujo.
El persecutor añadió que se busca llegar al fondo en esta causa y confirmó la reunión con el director nacional (s) del Sename. "En este caso en particular efectivamente se entrevistó conmigo el director nacional interino del Sename (Jorge Lavanderos), quien presentó una querella criminal, pero no contamos con el detalle de la descripción de hechos, pero es por promoción y facilitación para la prostitución de menores de edad y que se habría cometido en la ciudad de Puerto Montt, y que tendría conexiones con otros puntos de la región", reveló.
DENUNCIA
El director nacional (s) del Sename, Jorge Lavanderos, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos y dijo que las niñas afectadas incluso habrían sido amenazadas. "A ellos, por favor, les pido que se acerquen al Ministerio Público y las policías, porque estamos en presencia de uno de los delitos de más difícil pesquisa, porque se trata de niñas que son amenazadas para que no develen quienes son sus explotadores o clientes. Hay que distinguir de la explotación sexual comercial infantil; es decir, de aquel niño o niña que es explotado sexualmente, de aquel que cae en una red que está destinada para poder reclutar y ofrecer los servicios sexuales de niños que se encuentren desmejorados desde el punto de vista económico, psicológico o social en general", comentó.
El personero indicó que toda esta problemática que ya está en la Fiscalía y tribunales de justicia, fue descubierta por los equipos ambulatorios del Sename: "Este es uno de los tipos de vulneración más difícil de desarraigar, porque este flagelo implica un sinnúmero de acciones por parte del mundo adulto, que escapan a las posibilidades de los equipos psicosociales de contener, me refiero al uso de drogas y alcohol y poder económico que está detrás".
VULNERACIÓN
Andrés Martínez es abogado experto en este tipo de delitos, es de la ONG Proyecto Reparación y Justicia, y confirmó que se trata de un suceso que vulnera los derechos de las niñas y niños.
El profesional agregó que en este tipo de situaciones a las menores se le coarta la libertad. "Claramente hay vulneración de derechos; se ha coartado la libertad e indemnidad sexual, y esto se refiere a que puedan determinar libremente con quien tienen relaciones y que su natural desenvolvimiento de sexualidad no sean movidas por personas extrañas y que tengan otros intereses, en este caso comercial", puntualizó.
Andrés Martínez se refiere además al problema psicosocial que afecta a las niñas. "El daño está focalizado en el sentido de tener relaciones con tipos que no conocen y se termina con la forma natural con que se desenvuelva este aspecto; es decir, se adelanta un proceso y transforman la mente de las menores en el sentido que el sexo es como una moneda de cambio, y le causa un daño tremendo a las niñas. Y las terapias psicológicas apuntan a que las niñas se vean como víctimas, pero ellas no se ven así. Las niñas vulneradas entienden que es una forma correcta de ganarse la vida, y refutan la posibilidad de mejorar su situación. Lamentablemente, esto es una partida de la escala en el daño a las niñas psicológico y social", manifestó el abogado.
DILIGENCIAS
El fiscal regional Marcos Emilfork confirmó que junto a la labor que ya está cumpliendo la Brisexme de la PDI, también le van a solicitar diligencias puntuales a Carabineros.
El fiscal que está encabezando esta investigación es Patricio Poblete y la idea es tratar de establecer quiénes componen esta red y cómo ocurren las permanentes fugas de las niñas desde los distintos centros y hogares de menores.