Agrupación de ex presos políticos de la región pide reparación justa al Gobierno
Paula Guerra
Que la Presidenta Bachelet cumpla con lo que ha prometido es lo que busca la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, representados en Puerto Montt por Abraham Téllez, quien junto a un grupo de personas que fueron torturadas en dictadura, realizaron la solicitud de manera pública a la Mandataria.
"Que no se quede en las buenas intenciones", dice Téllez, quien manifiesta que lo que ellos quieren es que Bachelet cumpla con el programa de Derechos Humanos que propuso durante su campaña.
"Necesitamos una indemnización justa por los atropellos de los que fuimos víctima. Muchos de nosotros ya somos adultos mayores, vivimos apenas con 140 mil pesos y la mayoría de sufre de alguna enfermedad. Aunque lo peor es el recuerdo de la tortura de la que fuimos objeto", detalla Luis Guerrero.
La agrupación señala que si bien se han realizado acciones con el objetivo de "reparar", esto no ha sido suficiente. Y hay que revisar la situación, pues ya un 30% de la víctimas de la dictadura falleció.
La idea es poner en la agenda de Gobierno un proyecto de ley que garantice una indemnización justa y adecuada a todos quienes fueron presos políticos y fueron torturados durante la dictadura.
María Teresa Silva señala que la pensión reparatoria es precaria y que la rehabilitación sicológica sigue siendo deficiente a través del programa Prais: "Los que quedamos vivos necesitamos terapias especiales, que nos ayuden a convivir con este recuerdo tan horrible de la tortura", señala la mujer. Así también lo cree Héctor Manuel Alvarado, quien dice que es imperativo que se les repare de manera moral y económica. "Esto es responsabilidad del Estado. Deben devolvernos la dignidad y otorgarnos una mejor calidad de v ida, ya que en estos años hemos permanecido invisibles. La mayoría de nosotros está anciano y en situaciones, a veces, de extrema pobreza", explica Alvarado.
La propuesta de la Unión de ex presos políticos es modificar la Ley 19.992 y que se establezca una indemnización por cada día que duró la medida represiva, con un mínimo razonable para todos, atendiendo al daño moral y a las secuelas de la tortura. "La indemnización debe ser proporcional al daño", concluye Téllez.
La solicitud que hicieron llegar a la Presidenta Michelle Bachelet señala: "Que instruya al Consejo de Defensa del Estado a que propicie arreglos amistosos o conciliación judicial en todos los casos de Derechos Humanos pendientes en Tribunales de la República, y que se desista de solicitar la prescripción en lo civil".