En medio de acusaciones mutuas de demagogia y de intentos de politizar el debate sobre la delincuencia, el Senado rechazó ayer con los votos de la oposición la idea de legislar el proyecto del Gobierno de resguardo del orden público, conocida también como "Ley Hinzpeter", que perseguía aumentar las penas contra los encapuchados.
En un debate de más de dos horas, los senadores de la Nueva Mayoría coincidieron en que rechazaban el vandalismo durante las manifestaciones, pero coincidieron en que la legislación vigente establece explícitamente que Carabineros tiene la obligación de detener a los encapuchados que causen desórdenes en las manifestaciones.
Los parlamentarios recordaron que hace unos años se acordó una "agenda corta" que modificó el Código de Procedimiento Penal y se le dio la facultad a las policías.
El Gobierno justificó la necesidad de modificar la normativa, pues a su parecer el artículo del Código Penal que persigue los desórdenes graves es ambiguo y extemporáneo.
Según el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, esto ha permitido que los encapuchados queden "impunes" cuando son apresados.
En Santiago este año hubo 134 protestas con 6.145 detenidos. Casi todos quedaron libres.
El Gobierno proponía una modificación que aumentara las penas desde 61 días hasta tres años de cárcel para quienes paralizaran o intervinieran un servicio público "valiéndose de violencia o amenazas" e impidieran o alteraran la libre circulación por puentes, caminos o calles.
Además, si la alteración era cometida con el rostro cubierto, la pena se vería agravada. Es más, se creaba la figura de "falta calificada", que permitía la policía detener a un encapuchado que estuviera involucrado en una manifestación en que se producen desórdenes.
"Como Gobierno lo decimos sin ambigüedades (...) Queremos que carabineros los pueda detener y que los tribunales tengan más atribuciones para determinar si han incurrido en delitos (...) Más atribuciones para que el derecho a reunión se pueda realizar como dice la Constitución: pacíficamente", comentó Chadwick.
La oposición acusó al Gobierno de vincular el tema con una agenda antidelincuencia y criticó que le pusiera carácter de discusión inmediata en el Senado, tras su rechazo en la Cámara de Diputados. Según ellos, no hubo voluntad por discutir una mejor propuesta.
Los parlamentarios recordaron que en las comisiones se invitaron a los más connotados abogados penalistas del país, incluido Juan Pablo Mañalich, hijo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y todos la rechazaron por redundante con la legislación vigente; y porque vulneraba el criterio de gradualidad.
La oposición insistió en que la medida "criminalizaba" el movimiento social y vulneraba los derechos humanos. También acusó al Gobierno de pretender obtener rédito político con este proyecto, que ha sido aludido constantemente por la candidata Evelyn Matthei.
En la Alianza negaron esa intencionalidad y dijeron que la Concertación era "demagoga". "Yo no quiero llenar las cárceles, yo quiero que alguno (de los vándalos) vaya a la cárcel", afirmó el UDI Juan Antonio Coloma.
Espina hace "responsable" a oposición
El rechazo significará que el proyecto pase a una comisión mixta, por lo que difícilmente se apruebe en este período legislativo. "No le veo ninguna viabilidad", dijo el senador PPD Jaime Quintana. Su par de RN y uno de los principales defensores de la iniciativa, Alberto Espina, criticó a la oposición, a quien le dijo que "desde aquí en adelante" los parlamentarios de ese bloque "serán responsables" por las víctimas de encapuchados en manifestaciones. El senador lamentó que no se leve por los derechos humanos de los carabineros que han resultado lesionados en las protestas.
